CGT de cara a la Reforma: Cuáles son los tres pilares de su denuncia.

Frente a la aprobación de la reforma laboral en las dos cámaras del Congreso de la Nación, la Confederación General del Trabajo se encuentra en la necesidad de decidir cuáles serán sus próximas medidas de fuerza. Luego de los últimos cambios planteados por el gobierno, la reforma vuelve al senado y será tratada en los próximos días. El Gobierno de la nación busca hacer lo posible para sancionar la nueva reforma antes del domingo 1 de marzo, día en el que debe llevar a cabo la apertura del senado con un ferviente discurso en el que planea incorporar la reforma como un logro dentro de su gobierno. Con la premisa de una llamada “modernización laboral” el gobierno justifica su proyecto alegando que es indispensable una reforma a la ley laboral que lleva vigente mas de 50 años y la considera un fruto mas de su mandato renovador y poco anticuado.

Por Fiamma Flecha.

El rechazo de la CGT ante la reforma no se hizo esperar y esta se manifestó mediante diversas movilizaciones, como la liderada por el Frente Sindical Unido (FreSU), tanto frente al Congreso de la Nación como en otras provincias. De acuerdo con estimaciones sindicales, la adhesión alcanzó el 90 por ciento, siendo considerada por diferentes sectores, incluido el oficialismo, como la huelga nacional de mayor relevancia desde el inicio del gobierno libertario. El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, expresó que no están dispuestos a ceder los logros obtenidos, señalando que el proceso de acción apenas comienza y se desarrollará según lo establecido. Por su parte, Jorge Sola manifestó que el paro se realizó para evitar un retroceso significativo en materia de derechos individuales y colectivos.

El organismo presentara, junto con posibles paros gremiales, una denuncia compuesta por tres grandes focos que impugnan la reforma como regresiva y tentativa a los derechos laborales ya adquiridos. La denuncia se efectuará en la Justicia contencioso administrativa federal, y tras un fallo de primera instancia y de la Cámara, podría intervenir la Corte Suprema de Justicia.  “No concebimos otro camino que no sea el de la lucha para revertir y transformar esta realidad que nos duele a todos”, afirmó el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y líder del FreSU, Abel Furlán. Este sector, que incluye además a gremios que integran las dos Centrales de Trabajadores Argentinos, considera imprescindible realizar un paro de 36 horas con movilización incluida. Eso se producirá el día que el proyecto regrese al Senado.

El planteamiento central se refiere a la posible violación de dos principios constitucionales fundamentales: el de la no regresividad de los derechos laborales, que busca impedir retrocesos en los logros sociales ya reconocidos, y el de la protección del derecho al trabajo, considerado esencial para la dignidad de la persona humana. Estos principios son pilares del ordenamiento jurídico y garantizan la estabilidad de las relaciones laborales en el país.

Además, en este contexto, se cuestiona la eliminación del fuero laboral nacional, una institución históricamente vinculada a los sindicatos y al peronismo. El fuero laboral desempeñó un papel importante en la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, especialmente en negociaciones y mediaciones entre empleadores y empleados. Su supresión genera preocupaciones sobre la efectividad de la tutela jurisdiccional de los derechos laborales y sobre el debilitamiento de los mecanismos específicos de resolución de conflictos laborales. El debate actual gira en torno a las posibles consecuencias de este cambio para la estructura sindical, la representación de los trabajadores y el acceso a la justicia laboral.

Principio de la no regresividad: Implica que el estado no puede promulgar ninguna ley que atente directamente a los derechos laborales adquiridos en las últimas reformas constitucionales. Esta propuesta está fundamentada en el derecho constitucional y el marco internacional de derechos humanos, especialmente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados de la OIT y el PIDESC. Estos principios incluyen protección contra despido arbitrario, derecho de huelga, salario digno y acceso a la justicia.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza una serie de derechos fundamentales a los trabajadores, como la estabilidad en el empleo, condiciones dignas de trabajo, participación en las ganancias de las empresas y protección social adecuada. Además, los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) refuerzan estos compromisos al establecer normas sobre libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, igualdad de oportunidades y no discriminación en las relaciones laborales.

Estos instrumentos exigen que los Estados aseguren mecanismos eficaces de protección contra despidos injustificados, promuevan salarios justos que garanticen una vida digna y posibiliten el pleno acceso de los trabajadores a la justicia en caso de violaciones de sus derechos. Por lo tanto, la propuesta se alinea con los más altos estándares nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos en el ámbito laboral.

Derecho al trabajo: El principio relacionado con la regresividad de los derechos también busca evitar que se vulneren las garantías de los trabajadores. Este fundamento se encuentra en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a condiciones laborales dignas y justas, resguarda contra despidos sin causa, asegura un salario adecuado, protege la sindicación, el derecho de huelga y la seguridad social.

Este principio enfatiza que los derechos conquistados por los trabajadores no pueden ser reducidos fácilmente; es decir, una vez establecidos, deben mantenerse y solo pueden modificarse en casos excepcionales y debidamente fundamentados. Esta protección busca garantizar estabilidad, justicia y equidad en el ambiente laboral, promoviendo relaciones de trabajo más equilibradas y seguras. Además, asegura que las políticas públicas y legislaciones futuras respeten y amplíen los derechos sociales, impidiendo retrocesos que puedan perjudicar a los trabajadores. De esta forma, el artículo 14 bis consolida un compromiso del Estado con la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, sirviendo como referencia para decisiones judiciales y la formulación de nuevas normas laborales.

La justicia del trabajo: La CGT incluirá en su demanda de inconstitucionalidad objeciones sobre la disolución de la justicia nacional del trabajo y la transferencia de competencias a la justicia laboral porteña. Además, cuestionará que la ley limite el derecho de huelga al ampliar los “servicios esenciales” con mínimos obligatorios.

En este sentido, la central sindical considera que la eliminación de la justicia nacional del trabajo representa un ataque a la independencia judicial y podría afectar gravemente las garantías procesales de las trabajadoras y los trabajadores. Asimismo, la organización argumenta que el traspaso de competencias a la justicia porteña podría generar desigualdades en la administración de justicia laboral y fragmentar la protección de los derechos laborales a nivel federal. Por otra parte, la ampliación del concepto de “servicios esenciales” supone, según la CGT, una restricción desproporcionada al ejercicio del derecho constitucional de huelga, ya que impone requisitos más estrictos para la realización de medidas de fuerza, limitando la capacidad de acción sindical. La central obrera presentará estos y otros fundamentos ante la Corte Suprema, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la ley que considera vulneran derechos fundamentales de los trabajadores y el sistema de justicia laboral argentino.

Otros asuntos espinosos que la confederación plantea fuera de las tres demandas son el nuevo régimen para el pago de las indemnizaciones, que dejarían de contemplar bonificados del salario como aguinaldo y vacaciones. Tanto como el pago en cuotas de sentencias laborales y honorarios. Los abogados del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad ya lanzaron la alerta, pues se verían afectados sus honorarios. Otros cuestionamientos son la reforma relacionada con la ampliación del período de prueba, que pasa de tres a 6, 8 o 12 meses según el tamaño de la empresa, ha generado cuestionamientos por parte de algunos sectores, quienes consideran que podría reducir la protección contra el despido. Asimismo, la redefinición del salario es otro aspecto que podría dar lugar a planteos sobre su constitucionalidad. Según la nueva normativa, si se aprueba, conceptos como el aguinaldo y ciertos beneficios adicionales —como celular o automóvil corporativos— dejarían de formar parte del salario, lo que incidiría en la determinación de la indemnización.

La denuncia está planificada para el día en que la reforma vuelva al senado y en caso de que sea aprobada. La CGT ya le planteo al gobierno que no dará el brazo a torcer y que llevará las medidas judiciales hasta que no queden huecos en la reforma sin cuestionar. Acompañada de manifestaciones y huelgas por todo el país, espera contraatacar al gobernó no solo desde lo judicial, sino también desde el paro gremial que planean efectuar en caso de que la reforma no de marcha atrás. “Nosotros reclamamos dignidad. Le exigimos al sector político que sean responsables porque esta Argentina se hace con la dignidad y la fortaleza de los trabajadores, pero sobre todo con la justicia social que todos defendemos”, manifiesta Jorge Sola

Firma: Fiamma Flecha.