El Gobierno anunció el envío al Congreso de una nueva Ley de Sociedades: qué cambia y cómo impactará en las empresas

El Gobierno nacional anunció este viernes el envío al Congreso de un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades, una iniciativa que busca modernizar el marco legal bajo el que funcionan las empresas en Argentina. La propuesta fue presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y detallada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según explicó el funcionario, la reforma apunta a reemplazar un esquema que calificó como “rígido y anacrónico” por uno basado en la autonomía de las partes, la libertad contractual y una menor intervención estatal. “Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó Sturzenegger.

El ministro sostuvo que la normativa vigente tiene su origen en una ley impulsada durante la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse y que la actualización era una deuda pendiente dentro del proceso de reformas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei.

“Es un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos implementando y que van a consolidar la trayectoria de crecimiento que ya venimos transitando”, señaló.

Entre los principales cambios, el Gobierno propone que las normas de la ley tengan un carácter supletorio, otorgando mayor peso a lo que establezcan los estatutos de cada sociedad. En otras palabras, los socios tendrán más libertad para definir cómo organizar y administrar sus negocios.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es reducir la capacidad de intervención de los organismos de control sobre las decisiones internas de las empresas.

En ese sentido, Sturzenegger remarcó que las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Además, aseguró que los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten aquello que la ley permita expresamente.

La reforma también contempla una flexibilización del objeto social. Las empresas podrán desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que estén relacionadas entre sí y, si el estatuto no especifica un objeto determinado, se considerará habilitada para realizar cualquier actividad lícita.

Desde el Gobierno sostienen que estos cambios permitirán reducir trámites y facilitar la creación y expansión de emprendimientos y sociedades.