Condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el caso Skanska, el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo

El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión por el caso Skanska, considerado el primer gran escándalo de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El tribunal también condenó a Néstor Ulloa, exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., a la misma pena. Los tres fueron además inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos tras ser hallados culpables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta, tal como había solicitado el fiscal federal Abel Córdoba.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez. Tanto De Vido como López siguieron la audiencia de forma virtual desde sus respectivos lugares de detención: el exministro desde su arresto domiciliario en Zárate y el exsecretario de Obras Públicas desde el penal de Ezeiza.

Los magistrados consideraron acreditado que ambos exfuncionarios cobraron sobornos durante el proceso de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, una obra adjudicada en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner.

La causa Skanska marcó un antes y un después en la historia judicial del kirchnerismo al convertirse en el primer caso de corrupción de alto perfil que llegó a la Justicia. La investigación apuntó a la constructora sueca Skanska por el supuesto pago de coimas y la existencia de sobreprecios para obtener la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos estratégicos para el país.

Según determinó la Justicia, la empresa implementó un esquema para ocultar los pagos ilegales mediante la utilización de facturas apócrifas emitidas por más de 20 empresas fantasma. A través de esa maniobra se simulaban servicios que nunca fueron prestados con el objetivo de justificar la salida de fondos destinados al pago de sobornos.

Una de las pruebas centrales del expediente fue una grabación interna de la propia compañía. En ella, el exejecutivo de Skanska Javier Azcárate reconocía, en una conversación con el exsíndico Claudio Corizzo, la existencia de pagos indebidos destinados a garantizar la obtención de las obras públicas.

El expediente involucró tanto a exfuncionarios nacionales como a directivos de la empresa constructora, en una investigación que se extendió durante varios años.

Al elevar la causa a juicio en 2019, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que Skanska acordó con otras empresas elevar artificialmente los costos de las ofertas presentadas en el proceso licitatorio, una maniobra que, según el magistrado, fue consentida por funcionarios públicos que participaron directa e indirectamente en el procedimiento.

Casanello también señaló que la empresa creó una estructura de operaciones ficticias para otorgar apariencia legal a los pagos realizados. Esos desembolsos fueron registrados como gastos vinculados al proyecto adjudicado por el Estado, cuando en realidad servían para encubrir el circuito de sobornos.

En su resolución, el juez advirtió además que estas maniobras provocaron un importante perjuicio económico para el Estado, ya que el dinero utilizado para el pago de coimas salió de fondos públicos sin respaldo legal, generando un beneficio económico indebido para los funcionarios involucrados.

Con esta sentencia, la Justicia dictó una de las condenas más relevantes en una causa emblemática de corrupción vinculada a la obra pública durante los primeros años del kirchnerismo.