Por pedido de un juez federal allanan la TV Pública por la causa Adorni

Le procedimiento, dispuesto por el juez federal Ariel Lijo, estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en donde se buscan contratos de la productora del periodista que pagó el viaje del jefe de Gabinete a Punta del Este.

Por Matías Paredes

La sede de la TV Pública fue allanada este viernes por orden del juez federal Ariel Lijo, en el marco de una causa que investiga el financiamiento de viajes realizados por Adorni.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que ingresó al canal estatal con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a contrataciones y movimientos administrativos.

La medida se suma a otros allanamientos realizados en empresas vinculadas al servicio de vuelos privados como se hizo en el aeropuerto de San Fernando, dentro de una investigación que busca reconstruir el circuito económico detrás de esos traslados.

El eje de la causa es un viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este, durante el feriado de Carnaval, la Justicia intenta determinar quién pagó ese traslado en avión privado.

En un primer momento, el funcionario aseguró públicamente que el viaje había sido pagado con recursos propios. Sin embargo, a partir de testimonios, la Justicia comenzó a analizar otra hipótesis el cual es que el costo del vuelo habría sido cubierto por terceros. Entre los nombres que aparecen en la causa figura el periodista Marcelo Grandío vinculado a una productora audiovisual.

En el centro de la polémica también aparece la relación entre el costo del viaje y los ingresos del funcionario. Según estimaciones del sector aeronáutico, el vuelo privado a Punta del Este habría costado entre 3.600 y 10.000 dólares, dependiendo de las versiones incorporadas en la causa. En paralelo, el salario mensual de Manuel Adorni ronda los 3 millones de pesos, equivalentes a unos 2.000 dólares, lo que implica que el gasto total del traslado podría representar entre casi dos y hasta cinco meses completos de ingresos.

Esta aparente desproporción es uno de los elementos que alimenta la hipótesis judicial de que el viaje pudo haber sido financiado, total o parcialmente, por terceros.

El allanamiento en la TV Pública se explica por la necesidad de reconstruir posibles vínculos comerciales entre el Estado y las personas o empresas involucradas en el presunto financiamiento del viaje.

En concreto, los investigadores buscan, contratos firmados entre la TV Pública y productoras privadas, registros de pagos y transferencias, expedientes administrativos vinculados a contenidos o servicios contratados y comunicaciones internas que puedan evidenciar relaciones comerciales

El objetivo es determinar si existió una relación económica que pueda haber derivado en beneficios indebidos para un funcionario público, Malversación o uso indebido de recursos