La pelea Milei-Lula escala: Brasil rebaja la relación diplomática con Argentina y exige el fin de los ataques

En poco más de dos semanas, el conflicto pasó de los insultos públicos a una sucesión de medidas diplomáticas que llevó a Brasil a mantener a su embajador fuera de Buenos Aires y reducir formalmente el nivel de representación bilateral

Por Iñaki Darraidou Sustas

La disputa entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva dejó de ser un enfrentamiento político entre dos presidentes y comenzó a tener consecuencias concretas sobre la relación entre Argentina y Brasil. El primer paso se produjo el 26 de julio, después de que Milei participara en San Pablo de un acto político del Partido Liberal en respaldo a Flávio Bolsonaro. Durante su discurso, el presidente argentino volvió a atacar a Lula, a quien calificó de «ladrón», «presidiario» y «basura socialista», además de cuestionar duramente al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Para Brasil, el episodio excedió los límites de una diferencia ideológica entre gobiernos, donde el canciller brasileño Mauro Vieira definió el acto como una «provocación sin precedentes».

La respuesta inicial de Brasil fue llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. El diplomático regresó a Brasilia el 27 de julio y mantuvo reuniones con Vieira y funcionarios de la Cancillería brasileña para analizar la situación. Aunque desde Buenos Aires el canciller Pablo Quirno buscó transmitir que no existía intención de romper la relación bilateral, Brasil decidió mantener a Bitelli fuera de la Argentina por tiempo indeterminado ante la ausencia de señales de distensión. Lula, mientras tanto, optó inicialmente por no responder a Milei en los mismos términos. El presidente brasileño sostuvo que no quería entrar en un intercambio de insultos y evitó convertir el conflicto personal en una disputa permanente entre ambos gobiernos. La posición de Itamaraty fue similar: la prioridad pasó a ser preservar los canales institucionales mientras se reclamaba a la Casa Rosada que pusiera fin a los ataques.

Pero la tensión no disminuyó. El 4 de agosto, Brasil tomó la decisión diplomática más importante de toda la crisis: comunicó que Bitelli no regresaría a Buenos Aires mientras continuaran las agresiones de Milei y que la representación brasileña quedaría a cargo de un encargado de negocios. Se trata de una reducción significativa del nivel de representación entre dos países que, además de compartir una extensa frontera, son los principales socios del Mercosur. Al día siguiente, Vieira recibió al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y le entregó una protesta formal. La Cancillería argentina respondió calificando la decisión de Brasil como «unilateral» y acusando al gobierno de Lula de continuar aislándose de la región por cuestiones ideológicas. El episodio terminó de convertir la disputa presidencial en una crisis diplomática institucional.

El problema es que, lejos de detenerse, los ataques continuaron. En los primeros días de agosto, Milei volvió a utilizar sus redes sociales para reproducir críticas contra Lula. Entre ellas compartió una publicación que calificaba al mandatario brasileño de «porco», incluso después de que el Gobierno brasileño hubiera pedido públicamente moderación.

La respuesta más reciente llegó del propio canciller brasileño. En una entrevista publicada esta semana, Mauro Vieira sostuvo que «Argentina debe cesar de inmediato las agresiones para volver al camino de la normalidad en la relación». El funcionario también rechazó las acusaciones de Milei acerca de una supuesta intervención brasileña en la política argentina y defendió la actuación del gobierno de Lula. Del lado argentino, en cambio, el Gobierno sostiene que Milei no tiene previsto pedir disculpas a Lula. La Casa Rosada interpreta el conflicto principalmente como una disputa ideológica y mantiene su respaldo a los sectores de derecha brasileños, especialmente al bolsonarismo. De esta manera, la política exterior argentina queda cada vez más vinculada a las alianzas políticas personales del Presidente, incluso cuando esas decisiones afectan la relación con gobiernos de países vecinos.