Por DNU, el Gobierno avanzó con una reestructuración integral de la SIDE: los cambios que incluye
El Ejecutivo modificó la Ley 25.520 en el primer Boletín Oficial del año. Unifica funciones, redefine competencias y le otorga al organismo el control total del Sistema de Inteligencia Nacional.

El Gobierno nacional avanzó este viernes con una reestructuración integral de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el primer Boletín Oficial del año. La medida implica una reforma profunda del Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de modernizar su funcionamiento, clarificar roles y fortalecer los mecanismos de control.
El DNU reorganiza la estructura de la SIDE, elimina algunas áreas, pero al mismo tiempo refuerza su capacidad de influencia y control sobre todo el sistema. Desde el Ejecutivo aseguran que la iniciativa busca adaptar el esquema de inteligencia a las amenazas contemporáneas, reducir superposiciones y dotar de mayor eficiencia al Estado.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto establece que todas las actividades de inteligencia pasan a ser consideradas “encubiertas”. El Gobierno justificó esta decisión en la sensibilidad de la información que se maneja y en la necesidad de reducir el riesgo estratégico nacional.
Además, el DNU autoriza a los agentes de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia o cuando exista una orden judicial. En esas situaciones, deberán dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, que quedarán a cargo de la intervención correspondiente.

Reforma integral de la SIDE por DNU: los puntos clave
Entre las principales modificaciones, el decreto disuelve la Agencia de Seguridad Nacional y crea la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como misión prevenir amenazas como el espionaje, el sabotaje, la injerencia externa y las operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las acciones de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.
En el ámbito digital, el Gobierno dispuso una separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, que pasará a la órbita de la SIDE y tendrá foco exclusivo en la producción de inteligencia en el ciberespacio.
Otro cambio relevante es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, toda la inteligencia estratégica militar quedará bajo el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar superposiciones y simplificar la estructura del sistema.
Con la nueva normativa, la SIDE pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para aprobar y controlar los presupuestos del área, incluidos los gastos reservados, y para requerir información a todos los organismos del Estado nacional, así como a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.
El DNU también crea dos nuevos ámbitos de coordinación. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF). Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, que incorpora a organismos como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y áreas vinculadas a energía, lo nuclear y el espacio. Su función será aportar información relevante para la producción de inteligencia estratégica.
Finalmente, el decreto modifica el sistema de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE, una atribución que deja de estar en manos del Poder Ejecutivo y pasa al secretario de Inteligencia.
Desde el Gobierno sostienen que esta reforma permitirá modernizar y legitimar el sistema de inteligencia, integrarlo de manera más clara al funcionamiento del Estado, separarlo de funciones policiales y dotarlo de mayores controles y transparencia, en línea con los desafíos de seguridad del escenario actual.
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