Opinión: La doble vara del poder: cuando la “casta” empieza en casa

Por Lucila Cardaci

La casta no era un problema, hasta que fue propia. Las dudas dejaron de apuntar hacia afuera y empezaron a rozar a un miembro central del círculo de Karina “El Jefe” Milei.

Uno de los pilares discursivos más fuertes con los que este gobierno llegó al poder fue claro: terminar con los privilegios de la política. La idea de enfrentar a “la casta” no solo funcionó como consigna de campaña, sino como eje moral para construir una nueva legitimidad. Se prometió que esta vez sería distinto. Que no habría intocables. Que cualquier funcionario bajo sospecha debería dar explicaciones o correrse.

Sin embargo, cuando las dudas alcanzan a una figura clave como Manuel Adorni jefe de gabinete y vocero presidencial picante, esa firmeza parece desaparecer.

El caso ya no puede leerse como una simple discusión política ni como una supuesta operación mediática. Hay cuestionamientos concretos: bienes que no terminan de justificarse, propiedades cuyo origen genera interrogantes, movimientos patrimoniales difíciles de explicar en función de los ingresos declarados y viajes de alto costo, incluyendo vuelos privados a destinos exclusivos.

Uno de los episodios más sensibles es el viaje en jet privado a Punta del Este junto a su familia. Se trata de un traslado cuyo costo resulta completamente desproporcionado para un funcionario público. La Justicia determinó que al menos una parte del vuelo fue financiada por un tercero vinculado a su entorno, mientras que aún persisten dudas sobre el resto. La pregunta es tan simple como incómoda: ¿quién paga ese nivel de vida?

A esto se suma la utilización del avión presidencial para trasladar a su esposa en una gira oficial, lo que derivó en denuncias por posible uso indebido de recursos públicos. También aparecen investigaciones por operaciones inmobiliarias poco claras, incluyendo compras con mecanismos inusuales como “préstamos” otorgados por las propias vendedoras y posibles omisiones en declaraciones juradas.

Pero lo que termina de agravar el escenario no es solo la acumulación de sospechas, sino la escala institucional que alcanzó el caso. Adorni enfrenta denuncias penales, pedidos de informes en el Congreso e intentos de interpelación impulsados por distintos sectores políticos. Incluso la Oficina Anticorrupción quedó en el centro del debate por su rol frente a estos hechos y la necesidad de intervenir o, al menos, dar una respuesta acorde a la magnitud de las denuncias.

Es decir: ya no se trata solo de una polémica mediática. Es un problema político, judicial e institucional.

Hasta el 10 de diciembre de 2025, el oficialismo tenía una excusa a mano: la debilidad parlamentaria. Pocos diputados, pocos senadores, escasa capacidad de acción. Esa limitación servía como argumento para explicar por qué muchas decisiones no se tomaban.

Hoy ese escenario cambió. El gobierno cuenta con una representación mucho más robusta, con el doble o incluso el triple de respaldo legislativo. Ya no hay excusas estructurales. Sin embargo, aun con más poder, la decisión es la misma: sostener, blindar y evitar tomar medidas frente a un funcionario clave cuyos números no cierran.

La pregunta es inevitable: si este gobierno realmente vino a combatir la casta, ¿por qué no exige la renuncia de uno de los suyos cuando aparecen inconsistencias de esta magnitud?

Porque acá es donde el discurso empieza a resquebrajarse. La vara moral no puede cambiar según quién esté involucrado. Si durante años se construyó legitimidad señalando privilegios ajenos, la coherencia exige aplicar el mismo criterio puertas adentro.

No alcanza con decir que hay que esperar a la Justicia. La responsabilidad política es previa. Un gobierno que hizo de la transparencia su principal bandera debería ser el primero en apartar a un funcionario cuestionado hasta que todo se aclare.

Pero eso no ocurrió, no hubo pedido de renuncia. No hubo una señal política clara. No hubo un mensaje que reafirme que nadie está por encima del relato que se construyó durante meses. Por el contrario, lo que se observa es una defensa implícita basada en el silencio, como si la cercanía con el poder suspende las reglas que se prometieron para todos.

Y el contraste no es menor: en este mismo gobierno, nombres de peso fueron eyectados o forzados a dar un paso al costado sin contemplaciones, como Guillermo Ferraro, Diana Mondino, Nicolás Posse, Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Gerardo Werthein, Mario Russo o Mariano Cúneo Libarona, junto a figuras clave de la segunda línea como Osvaldo Giordano, Diego Spagnuolo y muchos más. La vara, entonces, no parece ser la misma para todos: hay funcionarios que caen por desajustes políticos o técnicos, y otros que, aún en el centro de la polémica, quedan resguardados por un silencio que también es una forma de decisión.

Y ahí aparece la mayor contradicción de este momento político: no se puede combatir los privilegios mientras se los protege desde adentro.

Porque cuando la “casta” deja de ser un problema en cuanto se vuelve propia, lo que empieza a romperse no es solo una narrativa de campaña. Lo que se rompe, en el fondo, es la credibilidad de todo un proyecto político.