La Justicia archivó la denuncia del Gobierno contra periodistas de TN y reavivó la discusión sobre la libertad de prensa

Por Lucila Cardaci

La Justicia federal desestimó la denuncia impulsada por el Gobierno nacional contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno, acusados de supuesto espionaje luego de la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada mediante el uso de lentes inteligentes con cámara oculta. El juez federal Ariel Lijo concluyó que no existió delito y sostuvo que el material difundido no comprometió la seguridad nacional ni reveló información sensible del Estado.

La denuncia había sido presentada por el Ejecutivo a través de la Casa Militar, luego de la emisión de un informe periodístico para el programa “¿Y mañana qué?”, donde los periodistas mostraron imágenes de distintos sectores internos de la sede presidencial. Desde el Gobierno interpretaron que la utilización de ese dispositivo representaba una posible vulneración de los protocolos de seguridad y avanzaron con una presentación judicial bajo figuras penales vinculadas a la “revelación de secretos políticos y militares”.

Sin embargo, tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Lijo coincidieron en que no existían elementos suficientes para sostener la acusación. En el fallo, el magistrado afirmó que “no se verifica en las grabaciones realizadas información alguna que permita presumir un riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación”, descartando así la hipótesis de espionaje planteada por el oficialismo. Además, señaló que las imágenes difundidas correspondían a espacios ya conocidos y que no se expuso documentación clasificada ni movimientos estratégicos relacionados con la seguridad presidencial.

La resolución judicial significó un fuerte revés político para el Gobierno de Javier Milei, que había elevado el tono de la denuncia y defendido públicamente la decisión de avanzar contra los periodistas. Desde distintos sectores del oficialismo se había planteado que el episodio representaba una “grave falla” en los controles de ingreso a la Casa Rosada y una posible amenaza institucional. Sin embargo, el fallo dejó en claro que el caso no configuraba delito penal y que la investigación carecía de sustento jurídico.

El conflicto también generó polémica por las medidas tomadas posteriormente por el Ejecutivo contra la prensa acreditada en la sede gubernamental. Tras conocerse las imágenes, el Gobierno decidió cerrar durante varios días la Sala de Periodistas de la Casa Rosada y endurecer los controles para el acceso de trabajadores de prensa al edificio. Las restricciones despertaron críticas de organizaciones periodísticas y de sectores de la oposición, que advirtieron sobre un posible avance contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

En ese contexto, el fallo de Lijo fue interpretado por distintos sectores políticos y mediáticos como un respaldo a la tarea periodística frente a un intento de judicialización de una investigación de prensa. La decisión también volvió a poner en debate la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación, marcada en los últimos meses por reiterados enfrentamientos entre funcionarios nacionales y periodistas críticos de la gestión.

Mientras el oficialismo defendía la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad dentro de la Casa Rosada, desde TN y otros medios señalaron que el informe periodístico no tuvo otro objetivo que mostrar el funcionamiento interno del poder presidencial y remarcaron que el material obtenido no ponía en riesgo información sensible del Estado. Con la denuncia archivada, la causa quedó cerrada judicialmente, aunque el episodio profundizó la tensión política y mediática en torno al vínculo entre el Gobierno y la prensa.