El Senado debate la baja de la edad de imputabilidad: qué propone el proyecto y cuáles son las posturas
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone reducir de 16 a 14 años la edad en la que se puede ser juzgado y condenado penalmente.
El jueves 26 de febrero el Senado comenzará a debatir el proyecto que busca modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves. La propuesta volvió a instalarse en el debate público tras casos como el asesinato de Jeremías Monzón de 15 años en Santa Fe, del que participaron otros 3 menores de edad.
Actualmente, en Argentina los menores de 16 años no pueden ser condenados penalmente: aunque pueden ser sometidos a medidas judiciales o internaciones por orden de un juez, no reciben penas de prisión.
El oficialismo sostiene la propuesta bajo la consigna “Delito de adulto, pena de adulto”, y plantea que el objetivo es terminar con lo que denomina la “puerta giratoria” de la Justicia y dar respuesta a una demanda social vinculada a la inseguridad.
La oposición al Gobierno no mostró una postura uniforme durante el debate. La fragmentación entre quienes plantearon fortalecer políticas de prevención y reinserción social y quienes propusieron reformar el régimen penal juvenil vigente sin bajar la edad, debilitó su capacidad de articular una estrategia común y no alcanzó para frenar la media sanción del proyecto en Diputados, que fue aprobada con 149 votos a favor y 100 en contra. El dictamen de mayoría contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, País Federal, Producción y Trabajo y el MID; mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra y cuestionaron duramente la iniciativa.
Organismos internacionales también objetaron la baja de la edad de imputabilidad. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sostuvo que en Argentina una reforma del sistema de justicia penal juvenil no requiere necesariamente la disminución de la edad de punibilidad y remarcó que cualquier modificación debe respetar los tratados internacionales incorporados a la Constitución, priorizando la reinserción y prevención antes que el endurecimiento punitivo, ya que —según experiencias comparadas— bajar la edad no ha demostrado ser una medida eficaz para reducir la inseguridad.
Según el último Informe 2024 de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las causas penales juveniles se concentran en las provincias con mayor población, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En cuanto al tipo de delitos, en 17 de las 24 jurisdicciones predominan los delitos contra la propiedad —tendencia que se repite en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Salta—, mientras que en otras provincias lideran categorías como delitos contra las personas —en la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos–, y delitos contra la integridad sexual en Jujuy.
De aprobarse el nuevo régimen propuesto, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados y condenados penalmente por delitos considerados “graves”, como lo son el asesinato, y la violencia física y psíquica, fijando la pena máxima en 15 años de prisión efectiva.
Para delitos con penas menores a 3 años de prisión, se descarta la posibilidad del encarcelamiento, mientras que para delitos con penas de 3 a 10 años –que no estén vinculados con la muerte ni lesiones graves– se recurrirá a otro tipo de sanciones alternativas, como tareas comunitarias o programas educativos, siempre y cuando el adolescente no tenga condenas previas ni otros procesos firmes en trámite.
El resultado de la discusión en el Senado además de definir los cambios en el régimen penal juvenil, determinará la dirección de la política criminal del Gobierno frente a la demanda social por mayor seguridad.
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