El Gobierno prepara otra ola de recortes y vuelve a poner bajo presión al CONICET 

La nueva etapa del ajuste estatal podría alcanzar a unos 6.000 trabajadores y apuntaría a organismos descentralizados. En paralelo, becarios e investigadores del CONICET advierten sobre 379 posibles desvinculaciones y por la pérdida de capacidades estratégicas del sistema científico.

Por Valentina Roncallo Orsolini.

El plan estaría bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y ya no apuntaría principalmente a ministerios o administración central, sino a organismos descentralizados como CONICET, INDEC, CONEAU, ANSES, INTA, INTI, SENASA, ENARGAS, ENRE y ENACOM. La meta del oficialismo sería llegar a fin de año con 27.000 trabajadores menos en la administración pública, empresas públicas y sociedades del Estado. 

En el CONICET existe un conflicto donde colectivos de becarios y ATE advierten por 379 investigadores posdoctorales que podrían quedar fuera del sistema si no se prorrogan sus becas o si no se resuelven concursos pendientes. Esto es grave para los profesionales porque, cuando se les vence la beca y no tienen prórroga, todavía no pueden ingresar a carrera y quedan afuera del sistema. 

Por el momento, las becas finalizan el 31 de julio y podrían quedar desvinculados por más de un año mientras esperan los resultados de la convocatoria CICyT 2025, que recién se comunicarían desde el segundo semestre de 2027. Esto forma parte de un mecanismo que ya dejó a varios profesionales sin trabajo. Una delegada de ATE CONICET afirmó que el desfinanciamiento ya expulsó a más de 2.000 trabajadores del CONICET. Teniendo en cuenta, renuncias, bajos salarios y reducción de cupos, la pérdida rondaría los 5.000 trabajadores en todo el sistema científico-tecnológico. 

La CNEA también sufrió un recorte real del 58% durante la gestión de Javier Milei, que provocó que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el organismo pasara de 3.941 empleados a 3.552, una pérdida de 389 puestos de trabajo. Además de la no renovación de 61 contratos el 30 de junio, que el Gobierno justificó como puestos temporales y administrativos a pesar de que ATE denunció que la cifra real rondaría los 100 trabajadores, que incluía personal calificado y la militarización del conflicto laboral debido al operativo de la Gendarmería dentro de las instalaciones de la Comisión.

En otros organismos, el Gobierno viene aplicando la modalidad de retiros voluntarios y reestructuraciones. En el caso de ANSES, el retiro voluntario establece una gratificación equivalente al 90% del salario bruto mensual por cada año de antigüedad efectiva en el organismo, con un tope de 24 haberes brutos y la condición de que quien adhiera no puede volver a trabajar en el sector público por 5 años. De todos modos, cada organismo con esta modalidad estableció sus propias condiciones. 

Estos recortes no solo generan pérdida de puestos de trabajo de personas altamente calificadas que se formaron durante años para aportar al desarrollo científico del país. También significan la pérdida de capacidades técnicas en áreas sensibles como ciencia, producción, control sanitario, estadísticas, regulación energética y seguridad social. 

Proyectos como el reactor modular CAREM, el reactor multipropósito RA-10 y la protonoterapia contra el cáncer podrían verse afectados, perjudicando la innovación y el posicionamiento de nuestro país en áreas estratégicas. Pero además, el impacto también puede alcanzar a la población que depende de avances médicos, tecnológicos y científicos sostenidos por el Estado.