El Gobierno incrementa los fondos para AySA, Enarsa y ARSAT mientras avanza con sus privatizaciones.

Mientras continúa impulsando la privatización o apertura al capital privado de algunas de las principales empresas estatales, el Gobierno de Javier Milei incrementó durante los primeros meses del año las transferencias del Tesoro destinadas a AySA, Enarsa y ARSAT.

Por Iñaki Darraidou Sustas

Los datos surgen del último Monitor de Transferencias a Empresas Públicas elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y muestran un fuerte aumento en los recursos girados a tres compañías que forman parte del proceso de reforma del Estado promovido por la administración nacional. Y aunque cada empresa atraviesa una situación distinta desde privatizaciones directas hasta proyectos de apertura parcial del capital, las tres comparten una misma característica: recibieron más fondos públicos al mismo tiempo que el Gobierno sostiene su intención de reducir la participación estatal en esos sectores.

El caso más llamativo es el de AySA, cuyas transferencias crecieron un 890% respecto del mismo período del año anterior. El mayor desembolso se produjo en abril, cuando el Tesoro giró $30.600 millones, que se sumaron a otros $9.400 millones transferidos durante los primeros meses del año. Desde la empresa explicaron que ese incremento responde al vencimiento de una Obligación Negociable (ON) emitida durante la gestión de Alberto Fernández y aclararon que no se trata de un nuevo esquema de financiamiento. Además, aseguraron que el actual plan de obras se sostiene con los ingresos provenientes de las tarifas que pagan los usuarios.

La situación de Enarsa presenta mayores interrogantes. La empresa energética, que cumple un papel central en la importación de gas natural licuado (GNL) y en la infraestructura energética nacional, recibió $317.000 millones al comienzo del año y otros $35.000 millones en mayo, lo que representa un incremento del 245% respecto de 2025. Sin embargo, consultada sobre el motivo de esas transferencias, la Secretaría de Energía no brindó explicaciones oficiales. El aumento se produce luego de que la empresa avanzara en la venta de activos estratégicos, entre ellos su participación en Citelec, la sociedad controlante de Transener, y del proceso de concesión de las represas hidroeléctricas que administraba.

El tercer caso es el de ARSAT, la empresa encargada de la infraestructura satelital y de conectividad del Estado. Según la OPC, las transferencias aumentaron un 381% en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando cerca de $4.300 millones. Tampoco hubo una explicación oficial sobre el destino de esos recursos. En paralelo, trascendió que el Gobierno continúa evaluando una apertura parcial de su capital mediante la colocación de hasta el 49% de las acciones en el mercado bursátil, aunque esa iniciativa todavía no fue formalizada ni cuenta con un cronograma definido.

El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso volvió a poner en evidencia una de las principales tensiones del programa económico oficial. Mientras el Gobierno sostiene que las empresas públicas representan un costo para el Estado y promueve su privatización como parte de la reducción del gasto público, las transferencias del Tesoro hacia varias de ellas crecieron de manera significativa durante este año. En algunos casos existen explicaciones puntuales, como el pago de compromisos financieros en AySA; en otros, como Enarsa y ARSAT, el incremento de los fondos permanece sin una justificación oficial, alimentando el debate sobre el verdadero alcance y la estrategia detrás del proceso de reforma del sector público.