Día nacional de la lucha contra la violencia institucional

En Argentina, cada 8 de mayo se recuerda la lucha contra la violencia institucional por la masacre de Budge en 1987, donde tres jóvenes fueron asesinados por la polícia.

Por Camila O. Correa

Hace 39 años atrás, sucedía el primer caso de «gallito fácil» en la Argentina: el sargento Juan Ramón Balmaceda, el cabo Juan Alberto Miño y el sargento Isidro Rito Romero, todos de la Policía Bonaerense, bajaron de una camioneta de la comisaría 10ª, pegada al Puente La Noria, sobre la orilla sureña del Riachuelo y dispararon a los tres jóvenes que se encontraban allí, sin mediar palabra.

Esos tres jóvenes eran Agustín Olivera (26) Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24). Un 8 de mayo de 1987, se encontraban en la vereda tomando una cerveza, en las calles de Ingeniero Budge. Los medios de comunicación, al día siguiente, quisieron catalogarlos como «malvivientes».

Sin embargo, los vecinos del barrio sabían que Agustín y Oscar acababan de perder el trabajo en un taller mecánico y que Roberto era empleado en un depósito de la zona. Solamente se trataba de tres pibes de barrio disfrutando del encuentro y la bebida que los acompañaba en ese sentir.

Lo que sí sabía el barrio de Ingeniero Budge era la represión e impunidad que manejaba la Policía Bonaerense, a pocos años de la vuelta a la democracia. Un ejemplo de ellos era Juan Ramón Balmaceda, partícipe del período más oscuro de la Argentina, y quién según los vecinos, marcaba a los jóvenes para luego robarles o increparlos violentamente.

En la actualidad, según datos del Ministerio Público de la Denfesa de CABA, en 2025 son 2670 casos registrados de violencia institucional hacía los civiles. El 75% de los casos implica violencia física y son acompañados por violencia psicológica.

Uno de los casos más emblemáticos y recientes en nuestra historia es el de Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue atacado impunemente por Gendarmería, en ese entonces, a cargo de la ministra de seguridad Patricia Bullrich.

Pablo Grillo ejercía su labor como fotoperiodista en una marcha en Congreso, en 2025, cuando fue víctima del abuso de poder de las fuerzas policiales, quienes sin dudarlo, le impactaron un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza que le causó un grave traumatismo craneal, requiriendo craneoplastia y tratamiento por hidrocefalia.

Un año y medio después, Grillo se encuentra realizando la recuperación en su hogar, pero fuera de peligro y con el alta médica; tras pasar por terapia intensiva y rehabilitación constante, que le devolvió el habla y la movilidad a su cuerpo. En estos momentos, su caso fue elevado a juicio oral y el gendarme Héctor Jesús Guerrero fue procesado por disparar de forma antirreglamentaria, causándole lesiones gravísimas, en un operativo considerado desproporcionado.

En el marco del Día Nacional contra la violencia institucional, senadores de Unión por la Patria habían organizado una muestra en el Senado para entregarle a Pablo Grillo un diploma de honor. Las imágenes que serían montadas en el Salón Azul, eran fotografías atravesadas por la militancia y la memoria en esta fecha conmemorativa.

Sin embargo, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, canceló la presentación a último momento. Así lo denunció la familia Grillo, que convocó a la gente a ir igual a la puerta del Congreso para realizar la muestra en la calle, este mismo viernes por la tarde, en las afueras del Congreso de la Nación.