Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia imputó a la constructora y advirtió que «no fue un hecho aislado»

La fiscalía cambió la carátula a estrago culposo agravado. Investigan a directivos y técnicos por ignorar las advertencias de los vecinos y permitir una sobrecarga de peso en la losa del complejo «Estación Buenos Aires». 

La investigación judicial por el derrumbe ocurrido el pasado 3 de marzo en el complejo «Estación Buenos Aires» dio un giro fundamental. A casi dos meses del colapso que obligó a evacuar a cientos de familias en Parque Patricios, la fiscal María del Rosario Selvatici decidió imputar formalmente a los responsables de la obra. 

Para la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, lo ocurrido no fue un hecho imprevisible. Según el dictamen, existió una cadena de negligencias que terminó en el derrumbe de una losa en el Sector 2 del barrio Procrear. Por este motivo, la carátula de la causa cambió a «estrago culposo agravado», una figura legal que se aplica cuando hay un daño de gran magnitud causado por imprudencia o falta de cuidado. 

Las pericias técnicas realizadas en el lugar fueron determinantes para la decisión de la fiscalía. Los expertos detectaron que la losa cedió por una combinación de factores que la empresa constructora COSUD S.A. no habría controlado:

• Sobrecarga de material: Se colocó una capa de 70 centímetros de tierra sobre la estructura, un peso que la losa no estaba diseñada para soportar.
• Fallas de drenaje: La falta de un sistema de escurrido de agua generó que la tierra se encharcara, sumando todavía más peso y presión sobre el hormigón.
• Vicios de construcción: Se detectaron problemas en las terminaciones y en el aislamiento, lo que provocaba filtraciones constantes.

Uno de los puntos más graves que destaca la investigación es que la empresa estaba al tanto del peligro. Se comprobó que los vecinos del complejo venían enviando cartas documento desde mediados de 2022 alertando sobre rajaduras y filtraciones en las áreas comunes.

Pese a los reclamos formales, la constructora solo habría realizado tareas de mantenimiento superficiales que no trataron el problema de fondo. «El hecho no fue un episodio aislado, sino el resultado de una conducta negligente mantenida en el tiempo», señala parte del escrito judicial.

La medida de la Justicia no solo alcanza a los dueños de la constructora COSUD S.A., sino que la lista de imputados se extiende a siete personas. Entre ellos figuran los directores de obra y los responsables técnicos que firmaron los planos y autorizaron el uso de los espacios.

También quedó bajo la lupa el rol del Banco Hipotecario, que actúa como fiduciario del proyecto. La fiscalía busca determinar si fallaron los controles de calidad que debían garantizar que las viviendas entregadas por el Estado fueran seguras para sus habitantes.

Mientras la causa avanza en los tribunales, el clima entre los damnificados sigue siendo de incertidumbre. Actualmente, especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UBA están realizando estudios estructurales en otros bloques del complejo para descartar que existan riesgos similares en edificios vecinos.

Por el momento, el Sector 2 continúa clausurado y bajo custodia policial, mientras las familias afectadas esperan respuestas sobre quién se hará cargo de los daños materiales y, sobre todo, de garantizar que sus hogares vuelvan a ser lugares seguros para vivir.