“Cafayate fantasy”: de evento ‘aesthetic’ a causa judicial en Salta

Para entender el escándalo que hoy sacude a los tribunales salteños y a la comunidad de Cafayate, es necesario ordenar los hechos. Lo que en redes sociales circuló como un evento de “alta sociedad” cuidadosamente curado para Instagram, hoy es investigado por la justicia como una posible violación a la normativa de protección ambiental.

Por Celeste Gomis.

El episodio gira en torno a un casamiento de lujo, titulado por sus propios organizadores como «Cafayate fantasy» que incluyó un despliegue logístico de gran escala: catering de autor, sonido e iluminación profesional en pleno entorno natural protegido. La celebración, realizada al atardecer y con una estética “desert chic” que rápidamente se viralizó, reunió a invitados del ámbito empresarial y judicial, entre ellos un juez de la Corte Suprema. Pero detrás de las imágenes en redes sociales, comenzó a tomar forma una investigación que pone en duda la legalidad del evento.

Ante las primeras denuncias, la defensa fue inmediata: sostuvieron que la boda se realizó dentro de los límites de una propiedad privada “Mi propiedad está dentro de la reserva de las Conchas y se han tenido en cuenta todos los permisos pertinentes. ¿No puedo festejar una boda en el fondo de mi casa?”, planteó una de las organizadoras.

Sin embargo, ese argumento choca con la legislación vigente. Incluso en terrenos particulares, las normas de protección del patrimonio natural exigen autorizaciones específicas y estudios de impacto ambiental previos. Según la fiscalía, estos requisitos no habrían sido cumplidos, y el uso de estructuras, generadores eléctricos y el tránsito de cientos de personas en un ecosistema frágil no se justifica únicamente con un título de propiedad.

La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, aseguró que el evento se habría realizado con una autorización falsa, que incluía la firma del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal. El propio funcionario declaró: “No autoricé nada, ese documento es falso”. Además, afirmó que “sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada. No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto”.

A partir de estas irregularidades, el Ministerio de Producción y Minería, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable confirmó el inicio de actuaciones judiciales para determinar posibles responsabilidades.

Mientras tanto, lo que comenzó como una postal de lujo en uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino se transformó en un caso que pone en discusión los límites entre el derecho a la propiedad privada y la preservación del patrimonio natural.