Tras los despidos en la CNEA, el Gobierno impulsa un reactor privado en Atucha y profundiza el cambio de modelo nuclear

A pocos días de los despidos masivos denunciados por ATE en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Gobierno nacional anunció un proyecto para construir un reactor nuclear de capitales privados en el complejo Atucha.

Por Iñaki Darraidou Sustas

La iniciativa fue presentada por Meitner Energy Latam durante una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, y el CEO de la compañía, Teófilo Lacroze. La inversión prevista supera los 1.200 millones de dólares y contempla la construcción de un reactor modular ACR-300, basado en una patente desarrollada en Argentina por INVAP.

Desde el Gobierno celebraron el anuncio como un cambio de paradigma. «Por primera vez en nuestra historia será un privado el que expanda la matriz energética argentina y la frontera tecnológica del país», sostuvo el vocero presidencial Adrián Ravier, mientras Caputo afirmó que el proyecto generará unos 2.000 puestos de trabajo durante las etapas de construcción y operación. La iniciativa sería financiada íntegramente por capitales privados estadounidenses y buscaría incorporarse al nuevo esquema de incentivos para grandes inversiones impulsado por el oficialismo.

Sin embargo, el anuncio quedó inmediatamente atravesado por la crisis que vive el sector nuclear. Mientras el Ejecutivo promociona una inversión privada para desarrollar un reactor de nueva generación, los trabajadores denuncian el despido de más de 170 empleados en la CNEA y el congelamiento de proyectos estratégicos como el CAREM, el reactor modular estatal desarrollado durante décadas por el organismo. Para los gremios, la coincidencia entre ambos hechos no es casual: interpretan que el Gobierno busca reemplazar el histórico liderazgo estatal por un esquema donde el sector privado pase a ocupar el centro del desarrollo nuclear argentino.

La propia Meitner Energy refleja ese nuevo modelo. La empresa está integrada por capitales estadounidenses y mantiene una asociación con INVAP, que participa como socio minoritario y aporta el desarrollo tecnológico del ACR-300, mientras la inversión y la explotación comercial quedarían en manos privadas. Su director ejecutivo, Teófilo Lacroze, es un empresario con trayectoria en el sector energético y fue presidente de Shell Argentina, una de las principales compañías privadas de hidrocarburos del país.El proyecto también prevé utilizar terrenos del complejo Atucha mediante un canon y contempla que Nucleoeléctrica Argentina pueda operar la central en condiciones de mercado una vez concluida su construcción. Aunque el Gobierno presenta la iniciativa como una muestra de confianza internacional en la capacidad tecnológica argentina, diversos sectores del ámbito científico cuestionan que el Estado reduzca su inversión en organismos como la CNEA mientras promueve que el desarrollo de tecnologías estratégicas quede cada vez más asociado a capitales privados.

La discusión trasciende la construcción de un nuevo reactor. Durante más de siete décadas, el programa nuclear argentino se apoyó en un modelo donde el Estado financiaba la investigación, formaba recursos humanos y desarrollaba tecnología propia para luego transferirla a la industria nacional. La combinación de despidos, paralización de proyectos públicos y promoción de inversiones privadas marca un cambio profundo en esa lógica. Para sus críticos, el riesgo no es la participación del capital privado en sí misma, sino que el Estado abandone el papel que históricamente convirtió a la Argentina en una de las principales potencias nucleares del mundo en desarrollo, relegándose a proveedor de conocimiento mientras la inversión, la producción y la eventual renta tecnológica quedan en manos de actores privados.