Denuncian a Milei por presunto abuso de autoridad y traición a la Patria.

El presidente autorizó mediante un nuevo DNU la entrada de tropas y medios estadounidenses al país para la realización de ejercicios militares. Según la Constitución, esta decisión está reservada únicamente para el congreso bajo un procedimiento determinado. El argumento oficialista afirma que la urgencia de las circunstancias no permitía respetar los tiempos constitucionales.

Por Valentina Roncallo Orsolini.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, presentó una denuncia penal contra Javier Milei que solicita investigar posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria. La denuncia también alcanza al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al exsecretario de Comunicación Javier Lanari. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. 

El decreto publicado el 17 de abril de 2026, autorizó el ingreso de tropas estadounidenses para la realización de los ejercicios combinados “Daga Atlántica” y “PASSEX”. A su vez,A su vez, permitió el paso del portaaviones USS Nimitz y del destructor USS Gridley, ambos de la Armada estadounidense, para el ejercicio PASSEX. Los lugares que se utilizaron fueron la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. 

El argumento central para la denuncia se encuentra en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional que reserva al Congreso la facultad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras así como la salida de fuerzas nacionales. Además, la Ley 25.880 desarrolla el procedimiento bajo el cual se lleva a cabo y establece que el Poder Ejecutivo debe solicitar autorización legislativa llegado el caso.

Sin embargo, el Gobierno justificó su accionar bajo la premisa de que existía una situación excepcional y urgente que volvía imposible seguir el trámite regular de sanción de leyes. El proyecto de ley para autorizar ejercicios combinados se había enviado al Congreso el 25 de agosto de 2025 pero aún no se había tratado en Diputados. 

A su vez, el Gobierno evitó el debate sobre el respeto de las formas y los procesos determinados mediante la justificación de que la participación argentina en “Daga Atlántica” mejoraba la interoperabilidad, la integración doctrinal y el entrenamiento en operaciones especiales. También agregó que no participar afectaría significativamente el adiestramiento militar y limitaría la transferencia de conocimientos con fuerzas de mayor experiencia. 

Por otro lado, mientras el país norteamericano celebra la alianza con Argentina, en nuestro país se cuestiona una posible pérdida de soberanía. El embajador estadounidense, Peter Lamelas, habló de una relación entre los países que avanzó hacia una “alineación estratégica profunda” en un comunicado oficial de la embajada de Estados Unidos tras la visita de Milei al portaaviones USS Nimitz. 

Días después, la Embajada de Estados Unidos anunció en redes el Protecting Global Commons Program, o programa de “Bienes Comunes Globales”, presentando al Mar Argentino bajo esa categoría durante un plazo de cinco años. 

Esto generó fuertes cuestionamientos, ya que en el derecho internacional, la idea de “global commons” suele asociarse a espacios fuera de jurisdicción nacional. Por eso, sectores de la oposición advierten que el Mar Argentino no puede ser tratado como un espacio internacional abierto a la tutela de una potencia extranjera, sino como una zona donde Argentina ejerce derechos soberanos sobre sus recursos. 

La denuncia vuelve a poner en discusión los límites de la cooperación militar con Estados Unidos y el riesgo de que decisiones estratégicas sobre el Atlántico Sur avancen sin control parlamentario. En ese marco, también abre cuestionamientos sobre el interés estadounidense en ganar presencia sobre zonas clave vinculadas a recursos naturales argentinos.