La UBA le exige al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y apunta contra Adorni

El conflicto por el financiamiento de las universidades suma un nuevo capítulo. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) le exigió al Gobierno nacional que garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A través de una resolución, el máximo órgano de gobierno de la UBA exhortó a Adorni a que, “en el ámbito de sus competencias”, adopte las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los artículos 5° y 6° de la Ley N° 27.795.

Estos puntos clave de la norma establecen la actualización de los salarios de docentes y nodocentes de las universidades nacionales, así como también la recomposición de las becas estudiantiles.

La ley fue aprobada por el Congreso, pero aún no se encuentra en vigencia pese a que ya existen dos fallos judiciales que ordenan su implementación.

Desde la UBA advirtieron que no acatar estas resoluciones judiciales “constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes” y remarcaron que la situación pone en riesgo la planificación y el funcionamiento del sistema universitario.

En ese sentido, el Consejo Superior también hizo un llamado directo al Poder Ejecutivo para que cumpla “de forma inmediata” con lo dispuesto por la ley, en línea con lo resuelto por la Justicia.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial fue sancionada por el Congreso Nacional, pero posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 759/25.

Sin embargo, el Parlamento insistió con la norma y logró su aprobación definitiva con los dos tercios necesarios en ambas cámaras.

Pese a esto, el Gobierno suspendió su aplicación, lo que derivó en una fuerte reacción del sistema universitario. Tanto la UBA como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevaron el caso a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.

En diciembre de 2025, el Juzgado Federal N°11 hizo lugar a una medida cautelar y declaró inaplicable la suspensión dispuesta por el Ejecutivo. Esa decisión fue ratificada el pasado 31 de marzo de 2026 por la Cámara del fuero.