La Ley de Propiedad Privada espera su tratamiento en el Congreso y modifica desalojos y la soberanía sobre las tierras

El proyecto de ley original, presentado por el Gobierno, mantenía propuestas que facilitaban los desalojos en barrios populares y de inquilinos con retrasos en el pago. A su vez, flexibilizaba las leyes que protegían el manejo de las tierras luego de incendios o el porcentaje de tierras nacionales que se le permite a los extranjeros poseer. 

Por Valentina Roncallo Orsolini.

El proyecto tiene dictamen desde el 20 de mayo, pero la sesión prevista para el 25 de junio se cayó por falta de quórum. Por el momento, el oficialismo aún no tiene asegurado su tratamiento en el Senado. Los principales temas que plantea son el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego y los trámites de registros inmobiliarios.

Sin embargo, el proyecto original sufrió modificaciones durante el debate en comisiones. En el caso de los desalojos por falta de pago, el plazo de intimación al inquilino pasó de tres a diez días. Aun así, la iniciativa mantiene el objetivo de acelerar los procesos judiciales al convertirlos en trámites sumarísimos, los más breves contemplados por el Código Procesal.

También permite que el propietario solicite la desocupación del inmueble antes de que exista una sentencia definitiva. Actualmente, para avanzar con esa medida debe presentar una garantía económica que cubra los daños que podría provocar si finalmente pierde el juicio. El proyecto reemplaza ese requisito por una declaración jurada del propietario, lo que facilita el desalojo anticipado y reduce las garantías para la persona ocupante.

Otro de los puntos más discutidos fue la modificación de la Ley de Integración Socio Urbana. La propuesta original eliminaba la suspensión de los desalojos en barrios populares y permitía avanzar sobre terrenos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Este capítulo fue retirado durante el tratamiento en comisiones, por lo que se mantiene la suspensión de los desalojos hasta octubre de 2032.

La iniciativa también modifica la Ley de Tierras Rurales. Actualmente, las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras a nivel nacional, provincial o municipal. Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje y cada propietario extranjero tiene un límite de hectáreas.

El proyecto original eliminaba estas restricciones para inversores privados extranjeros. Luego de las modificaciones realizadas en el Senado, cada provincia podrá autorizar, limitar o prohibir la compra de tierras por parte de extranjeros dentro de su territorio. Sin embargo, permite que el Poder Ejecutivo autorice una operación si considera que no representa un riesgo para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.

La Ley de Manejo del Fuego también sería modificada. La normativa vigente impide que los terrenos afectados por incendios sean vendidos, loteados o destinados a otra actividad durante un período determinado. El objetivo es evitar que los incendios intencionales sean utilizados para habilitar negocios inmobiliarios o productivos.

El proyecto original eliminaba gran parte de estas restricciones. El dictamen del Senado mantuvo la prohibición de 60 años para los bosques nativos, las áreas protegidas y los humedales, pero aceptó eliminar la restricción de 30 años para la venta o el cambio de uso de terrenos rurales incendiados.

De esta manera, un campo afectado por el fuego podría ser vendido o destinado a otra actividad en un plazo menor. Las organizaciones ambientales  cuestionan que esto puede reducir las herramientas destinadas a evitar que los incendios generen posteriormente un beneficio económico.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa y sostuvo durante su exposición en el Senado que “la propiedad privada es la base del crecimiento económico”. Para el Gobierno, el proyecto busca brindar seguridad jurídica y atraer inversiones.

Sin embargo, distintos sectores cuestionaron que la reforma no se limita a proteger a pequeños propietarios frente a ocupaciones o incumplimientos, sino que también reduce las posibilidades de intervención del Estado, facilita los desalojos, flexibiliza las restricciones sobre tierras incendiadas y permite ampliar la compra de terrenos por capitales extranjeros. Aunque el oficialismo realizó al menos 13 modificaciones para conseguir apoyos, todavía no tiene asegurados los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto.