La UBA denuncia que el Gobierno no envía fondos para sus hospitales y advierte por la atención médica
La universidad advirtió que no recibió transferencias en lo que va del año y que la situación podría afectar la prestación de servicios en sus centros de salud.
En medio del conflicto presupuestario con el Gobierno nacional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que está paralizado el envío de fondos para sus hospitales. Según autoridades académicas, “en lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales”, lo que podría afectar la atención médica de cientos de miles de pacientes.
Según datos de la institución, el Presupuesto 2026 prevé una partida de $80.000 millones en la planilla “Hospitales”. Sin embargo, aseguran que el gobierno no transfirió los fondos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril, lo que acumula una deuda cercana a los $20.000 millones que debían destinarse a insumos, mantenimiento y servicios básicos. Cabe destacar que la red de hospitales de la UBA cumple un papel central tanto en la atención pública como en la formación de profesionales.
En ese marco, señalaron que la situación podría afectar el funcionamiento del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
La situación de los hospitales de la UBA es delicada dado que sus seis centros atienden a más de 700 mil personas por año, lo que demuestra su alcance y relevancia. La falta de transferencia de los recursos repercute directamente en la prestación de servicios, la continuidad laboral y la atención a la comunidad.
La suspensión de los fondos agudiza la tensión ya existente con el gobierno de Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma fue sancionada el año pasado por el Congreso y posteriormente ratificada tras el rechazo del veto presidencial con las mayorías agravadas previstas por la Constitución. A pesar de las garantías legales vigentes, el Gobierno no ha transferido los recursos, lo que atenta contra la división de poderes.
Por parte de la UBA advierten que no cumplir con la Ley afecta tanto al funcionamiento de los hospitales como también a la educación pública. A su vez, esto pone en tensión la formación médica en el país ya que el 80% de los médicos argentinos se forma en sus instituciones.
Según Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, “ahora estamos ante una novedad porque el Gobierno no solamente no cumple la Ley de Financiamiento Universitario, sino que estamos ante un incumplimiento de la Ley de Presupuesto 2026 que el Congreso votó a propuesta del propio Poder Ejecutivo”.
El funcionario sostuvo también que “los hospitales subsisten con los recursos que ingresan de obras sociales, prepagas, algunas donaciones y, principalmente, acumulando deuda con proveedores”.
El reclamo sobre el financiamiento se instala en la antesala de la marcha federal universitaria prevista para el 12 de mayo. La convocatoria fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) y se prevé una alta participación tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del país.
La marcha tendrá como uno de sus ejes el reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada en marzo por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La Justicia volvió a exigir al Gobierno el cumplimiento inmediato de los artículos sobre salarios y becas, mientras que el Ejecutivo respondió con un recurso extraordinario para suspenderlos.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, se expresó al respecto y sostuvo que “el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia”.
Desde el Gobierno nacional sostienen que uno de los ejes de su postura frente a los reclamos de la UBA es la falta de claridad sobre el destino de los fondos. En ese marco, el Poder Ejecutivo plantea que el financiamiento previsto por la ley debe estar acompañado de mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades universitarias.
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