La Justicia ordenó frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas y exigió información a las empresas

La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La resolución apunta a suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación hasta que se tramite una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.

La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, que las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited impulsan al norte de las Islas Malvinas.

La decisión fue tomada este miércoles por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas. El expediente tramita bajo el número FCR 13706/2026.

La resolución dispone que las petroleras se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion. La medida alcanza, entre otras actividades, a las perforaciones, instalaciones submarinas y tareas destinadas a comenzar la explotación petrolera.

Los motivos por los que la jueza ordenó suspender Sea Lion

Uno de los principales argumentos del fallo está relacionado con el impacto ambiental.

Según la resolución, las autoridades argentinas no registran un procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente al emprendimiento. La jueza sostuvo que la Ley General del Ambiente exige una evaluación previa para las actividades que puedan generar una degradación significativa del ambiente.

El fallo también invocó la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. La magistrada consideró además aplicable el principio precautorio, que permite adoptar medidas preventivas frente al riesgo de daños ambientales graves aun cuando no exista certeza científica absoluta sobre sus consecuencias.

La segunda cuestión señalada por el juzgado está vinculada con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Borruto sostuvo que el expediente no se limita a una cuestión ambiental, sino que también involucra el reclamo argentino sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes. Argentina reclama soberanía sobre las islas, actualmente administradas por el Reino Unido.

Las empresas deberán informar en qué estado está el proyecto

La resolución no solamente ordenó suspender las tareas.

Rockhopper y Navitas deberán presentar dentro de los 10 días desde su notificación documentación detallada sobre el estado del proyecto Sea Lion.

Entre otras cuestiones, tendrán que informar:

• el cronograma de construcción y perforación;
• la cantidad y ubicación de los pozos;
• las unidades flotantes y equipos contratados;
• los principales contratistas y subcontratistas;
• las entidades que financian el emprendimiento;
• las aseguradoras y reaseguradoras involucradas;
• los estudios ambientales y análisis de riesgo;
• los modelos previstos ante posibles derrames;
• y los planes de contingencia vinculados al proyecto.

También deberán precisar la estructura societaria y financiera utilizada para Sea Lion y las obras terrestres o portuarias previstas para sostener la explotación.

La Justicia también pidió información a Cancillería

La jueza le solicitó además al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino que informe si Rockhopper, Navitas o compañías relacionadas recibieron alguna autorización del Estado argentino para realizar actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos que la Argentina considera parte de su plataforma continental.

También ordenó consultar a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental para determinar si existe algún procedimiento ambiental iniciado ante autoridades nacionales por las compañías.

Sea Lion ya había pasado de la planificación a la ejecución

Para justificar la urgencia de la cautelar, el juzgado señaló que el proyecto ya superó la etapa meramente conceptual.

Rockhopper y Navitas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera fase de Sea Lion. Rockhopper informó oficialmente entonces que ambas compañías habían aprobado el desarrollo y el financiamiento del emprendimiento.

El cierre financiero se produjo días después. La empresa británica estimó en US$2100 millones los costos presupuestados desde la decisión final de inversión hasta completar el proyecto, incluyendo contingencias y gastos financieros.

De acuerdo con Navitas, Sea Lion está ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La compañía proyecta comenzar la producción de petróleo en marzo de 2028 y contempla inicialmente 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.

Posteriormente está prevista una segunda fase con otros 12 pozos.

La cautelar no implica una sentencia definitiva

La propia resolución aclara que la decisión es provisoria y no determina todavía la responsabilidad definitiva de las empresas.

La suspensión permanecerá vigente hasta que se tramite ante la autoridad ambiental argentina el correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental o hasta que el juzgado resuelva modificar la medida.

Además, debido a que las empresas tienen domicilio en el exterior, deberán ser notificadas mediante los mecanismos internacionales correspondientes antes de poder ejercer plenamente su defensa.

La resolución abre así un nuevo capítulo judicial alrededor de Sea Lion, uno de los principales proyectos de explotación petrolera proyectados en las aguas que rodean a las Islas Malvinas y un nuevo punto de tensión en la histórica disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.