La Justicia le da un respaldo a las universidades: la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar dos artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que representa un importante respaldo para las universidades públicas y, especialmente, para miles de docentes, trabajadores no docentes y estudiantes de todo el país.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la cautelar que ordena la actualización de los salarios del personal universitario y la recomposición de becas y programas destinados a los estudiantes.

La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno buscó suspender la aplicación de esos artículos de la Ley 27.795.

El máximo tribunal explicó que el recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano no podía ser tratado porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, un requisito indispensable para que intervenga la Corte.

Si bien el fallo no resuelve aún la cuestión de fondo —es decir, si el Poder Ejecutivo puede suspender mediante un decreto una ley aprobada por el Congreso—, sí mantiene vigente la protección judicial para las universidades mientras continúa el proceso.

Esto significa que, por el momento, el Estado deberá seguir cumpliendo con las disposiciones vinculadas a la actualización salarial de docentes y no docentes, además del financiamiento de becas y programas académicos.

La resolución llega semanas después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las universidades nacionales, mediante el cual se anunció un incremento del 24,33% en los salarios, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta los 50.000 millones de pesos.

Sin embargo, desde el sistema universitario señalaron que ese acuerdo elevaba el presupuesto del sector del 0,5% al 0,6% del PBI, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario establece una asignación equivalente al 0,75%.

Por ese motivo, la decisión de la Corte representa una herramienta jurídica clave para que las universidades continúen reclamando el cumplimiento pleno de la norma aprobada por el Congreso.

Al momento de conceder la cautelar, la Justicia había advertido que el Congreso insistió con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario incluso después del veto presidencial, por lo que consideró que el Poder Ejecutivo no podía dejarla sin efecto apoyándose en una norma de jerarquía inferior.

Además, los magistrados entendieron que incumplir la ley podría generar un deterioro salarial que afectara directamente el derecho a enseñar y aprender, uno de los pilares fundamentales del sistema universitario argentino.

También remarcaron que el ahorro fiscal derivado de no aplicar la norma no representaba un impacto significativo dentro del presupuesto nacional.

Un respaldo para la UBA y las universidades nacionales

Aunque la discusión judicial todavía no está cerrada, el fallo constituye una señal favorable para la universidad pública argentina y fortalece la posición de instituciones como la UBA y el resto de las universidades nacionales en su reclamo por un financiamiento acorde a lo establecido por la ley.

La decisión de la Corte mantiene vigente la protección sobre salarios, becas y programas estudiantiles mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanza hacia una sentencia definitiva, en un contexto donde el financiamiento de la educación superior continúa siendo uno de los principales ejes del debate público en Argentina.