La Justicia intimó al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que aplicará multas

El juez Martín Cormick le dio al Poder Ejecutivo un plazo de cinco días para cumplir de manera efectiva con la medida cautelar vinculada a salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles. Si persiste el incumplimiento, podrá imponer sanciones económicas por cada día de demora.

La Justicia volvió a intervenir en el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución establece que el Estado deberá dar “cumplimiento total” a lo dispuesto judicialmente respecto de la actualización de los fondos destinados a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a las becas estudiantiles. En caso contrario, Cormick advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.

La medida cautelar había sido dictada originalmente en diciembre de 2025. Posteriormente fue respaldada por la Cámara de Apelaciones y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara, el 25 de junio de 2026, un recurso extraordinario presentado por el Estado nacional.

El conflicto se mantiene abierto por las diferencias en torno al grado de cumplimiento de la norma. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios universitarios sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente que estiman en torno al 31,2%. El Ejecutivo, en cambio, ha defendido los aumentos otorgados y sostiene que parte de las obligaciones alcanzadas por la cautelar ya fueron cubiertas mediante acuerdos salariales previos.

En junio, el Gobierno, las universidades y representantes gremiales habían firmado un acuerdo que contemplaba una recomposición de la masa salarial del 24,33%, distribuida principalmente entre un incremento aplicado en junio y otro previsto para octubre. Sin embargo, las autoridades universitarias consideran que ese esquema no alcanza para completar lo establecido por la ley y las decisiones judiciales.

La tensión volvió a aumentar después del fracaso de las últimas negociaciones paritarias. Según informaron los gremios, el Gobierno propuso un incremento adicional del 3%, mientras que las organizaciones docentes y las universidades mantienen su reclamo por una actualización mayor.

En ese contexto, el sector universitario continúa con medidas de protesta y confirmó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, con el financiamiento de las casas de estudio y la recomposición salarial como principales reclamos.

La nueva resolución judicial suma así presión sobre el Ejecutivo: una vez vencido el plazo de cinco días establecido por Cormick, el magistrado podrá avanzar con multas diarias si considera que el Estado continúa sin cumplir de manera efectiva con la cautelar vigente.