La Armada desplazó a nueve efectivos investigados por presuntos sobresueldos millonarios

Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron apartados de sus funciones mientras avanza un sumario interno. La Justicia investiga 645 acreditaciones presuntamente irregulares por casi $1000 millones realizadas entre 2022 y comienzos de 2026.

La Armada Argentina decidió desplazar de sus cargos a nueve efectivos investigados por el presunto cobro irregular de sobresueldos, en el marco de una causa que analiza movimientos por casi $1000 millones.

La medida fue dispuesta por el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, y alcanza a ocho capitanes de corbeta y un suboficial. Todos fueron relevados de sus destinos y pasados a disponibilidad mientras se desarrolla una investigación disciplinaria interna.

Según fuentes del Ministerio de Defensa citadas por TN, los involucrados quedarán temporalmente sin funciones y serán investigados bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. El procedimiento administrativo se desarrolla de manera paralela a la causa judicial.

Investigan acreditaciones irregulares por casi $1000 millones

La causa comenzó después de que la propia Armada presentara una denuncia penal por un presunto fraude relacionado con la liquidación de haberes.

De acuerdo con la presentación judicial, entre julio de 2022 y enero de 2026 se habrían realizado 645 acreditaciones indebidas a 23 personas, por un total de $981.148.567,88.

La investigación administrativa detectó pagos superiores a los salarios correspondientes y transferencias que directamente no tendrían respaldo en las liquidaciones oficiales.

La denuncia fue presentada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, después de que en febrero de 2026 se detectaran inicialmente suplementos improcedentes abonados a cinco agentes.

Cómo habría funcionado la maniobra

Uno de los puntos centrales de la investigación está puesto en la forma en la que supuestamente se alteraban las liquidaciones.

Los investigadores compararon recibos de sueldo, registros internos, lotes enviados al Banco Nación y confirmaciones bancarias. Según la denuncia, algunos archivos habrían sido modificados manualmente después de superar los controles habituales y antes de ser enviados al banco.

Posteriormente, algunos de esos valores habrían sido nuevamente modificados para que los montos adicionales no quedaran reflejados en los recibos salariales.

La presentación sostiene que las irregularidades no estaban distribuidas de manera aleatoria, sino que aparecían concentradas en determinados beneficiarios y siguiendo un mecanismo repetido dentro del sistema mensual utilizado para pagar los haberes de más de 24.000 personas.

Cuatro personas ajenas a la Armada recibieron más de $434 millones

Otro de los datos que aparece en la denuncia es que cuatro personas que no tenían vínculo formal con la Armada habrían recibido 184 acreditaciones por $434.200.718,04, una suma equivalente al 44,25% del dinero total investigado.

Entre los beneficiarios mencionados por la investigación figura María del Carmen Prieto, quien habría recibido más de $152 millones y es esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista.

Según las actuaciones administrativas citadas por TN, Atanasoff habría reconocido que conocía las acreditaciones, que las realizaba manualmente y que decidía personalmente los destinatarios y los montos. Esas circunstancias deberán ser determinadas y evaluadas por la Justicia.

La Armada reforzó los controles internos

Hasta el momento de la presentación judicial se habían recuperado $42.574.267,63, por lo que todavía quedaban pendientes más de $938 millones correspondientes a las acreditaciones denunciadas.

Tras detectar las irregularidades, la Armada informó que reforzó los sistemas de control, separó las funciones relacionadas con liquidación, pago y conciliación y preservó los equipos y archivos vinculados con el expediente.

Además, desde la fuerza señalaron que existe “tolerancia cero” frente a eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos y anticiparon que se aplicarán las medidas correspondientes en caso de comprobarse responsabilidades.

El pase a disponibilidad de los nueve efectivos no implica por sí mismo una condena ni una degradación. Se trata de una medida preventiva mientras avanzan tanto el sumario disciplinario como la investigación judicial, que deberá determinar si existió una maniobra fraudulenta y quiénes fueron sus responsables.