El Gobierno envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional 

La iniciativa busca crear un marco integral para la protección de los intereses estratégicos de la Argentina, con especial foco en Malvinas, la seguridad nacional y la defensa de los recursos naturales. El Poder Ejecutivo le pidió al Congreso “poner en pausa otras discusiones” para priorizar el tratamiento del proyecto.

Por Mercedes Guarino Santiago

La propuesta es llevada a cabo por Javier Milei, Luis Caputo, Pablo Quirno, Carlos Alberto Presti y Diego Santilli. El Gobierno la define como “un avance legal sin precedentes” y la presenta como una herramienta para fortalecer el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. 

“La recuperación de las Islas y de sus espacios marítimos e insulares correspondientes constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, sostienen.

Algunas de las sanciones y las medidas de protección aérea y marítima

El proyecto ratifica el reclamo de soberanía sobre Malvinas: establece que el conjunto de Islas y los espacios marítimos integran el territorio nacional. Además, fija como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.

• Amplía el alcance de las sanciones a todos los recursos naturales, no se limita a los hidrocarburos, sino que abarca cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables sin autorización argentina, lo que incluye también la actividad pesquera.

• Reprime con penas de cinco a siete años de cárcel, multa equivalente a 20.000 a 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, a sabiendas, proveyere cualquier tipo de bien o servicio esencial e indispensable a un sujeto para que este último realice alguna de las conductas previstas en los artículos 20, 21 y 22.

• Reprime con penas de 12 a 15 años de cárcel, multa equivalente a 40.000 a 200.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de prospección o exploración de hidrocarburos en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina.

• Reprime con penas de 15 a 20 años de cárcel, multa equivalente a 150.000 a tres millones de barriles de petróleo e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial, el que, sin habilitación de la autoridad competente, encargare o realizare, por cuenta propia o de terceros, cualquier actividad de extracción de hidrocarburos de yacimientos situados en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en los espacios marítimos e insulares circundantes o en la Plataforma Continental Argentina, o su transporte o almacenamiento.

• Crea un régimen para que las empresas abandonen las actividades prohibidas. El Régimen de Desistimiento y Regularización permite que quienes desarrollaron esas actividades pidan su incorporación si demuestran que las cesaron y se comprometen a no repetirlas. La regularización puede hacerse pagando o reconvirtiendo inversiones El interesado puede optar por pagar una multa o comprometerse a reconvertir las inversiones involucradas hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino. La regularización puede extinguir la acción penal.

• Crea un Sistema de Seguridad Nacional: la iniciativa articula bajo una misma estructura las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica.

• Incorpora un esquema de protección aeroespacial y marítima. Establece procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares u hostiles y también regula la detención e inspección de buques. En el caso marítimo, contempla advertencias, disparos de advertencia y, como último recurso, medidas para inutilizar una embarcación.

Consejo de Seguridad Nacional 

En caso de ser aprobada la ley, este será el órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional y estará encabezado por el Presidente de la Nación.

Sus funciones principales serán la coordinación y supervisión de la ejecución de la Política de Seguridad Nacional, así como de las políticas sectoriales y de los órganos, fuerzas y medios involucrados en las acciones de seguridad. 

El Consejo será responsable de elaborar la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, identificar las infraestructuras de interés nacional y coordinar su protección, incluso en el caso de infraestructuras binacionales o plurinacionales, en articulación con organismos internacionales o Estados extranjeros.