JUDICIALES TOMAN EL EDIFICIO Y CESAN ACTIVIDADES: 1700 PUESTOS DE TRABAJO EN PELIGRO
Ante la habilitación y traspaso, escrito en la reforma laboral, de los tribunales laborales nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, los empleados organizaron una protesta por sus puestos de trabajo.
En diagonal norte al 760 trabajadores judiciales tomaron el edificio y realizaron una concentración con cese de actividades dado el traslado de competencia de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
El reclamo se ejecuta a raíz de la falta de certezas en la continuidad de 1700 puestos de trabajo y más de las 800 mil causas que están en vigencia; ya que el traspaso ralentizará la resolución de dichas sentencias.
El Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral fue firmado semanas atrás por Manuel Adorni -Jefe de Gabinete- y Gabino Tapia -ministro de Justicia de CABA-. Este convenio ordena al Poder Ejecutivo a enviar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado para el fuero del trabajo.
Sin embargo, los expedientes activos previos al traspaso, los conflictos colectivos y de competencia federal -negociación colectivas, convenios colectivos y acciones sindicales- continuarán bajo control del fuero nacional. La justicia porteña tomará inicialmente los nuevos casos sobre conflictos individuales.
Desde el gremio UEJN -Unión de Empleados Judiciales de la Nación- convocaron a un paro de 48 horas y llamaron a movilizarse el día martes 24 a partir de las 11 hs con destino al Palacio de la Justicia.
Para el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, el cierre del fuero laboral es la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional, con el objetivo de transformar un país federal en un país unitario dirigido por la capital federal.
Sumado al paro y la movilización, llevarán a cabo acciones judiciales orientadas a neutralizar los efectos de una ley manifiestamente inconstitucional y contraria a los tratados internacionales con jerarquía institucional.
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