Elecciones en Perú: mínima diferencia entre los candidatos en medio de una crisis política

Con una diferencia mínima entre los candidatos, la elección vuelve a exponer las tensiones entre estabilidad económica, representación política y desigualdad territorial.

Por Iñaki Darraidou Sustas

Las elecciones presidenciales peruanas de este año volvieron a mostrar una de las principales características de la política peruana: una sociedad profundamente dividida y un resultado extremadamente ajustado. Con más del 90% de las actas escrutadas, la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se mantiene en apenas unos miles de votos y todavía no está claro que candidato se va a quedar con la banda presidencial.

La segunda vuelta llevada a cabo este domingo 7 de Junio enfrento a dos proyectos políticos claramente diferenciados. Por un lado, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, representa la continuidad del modelo político y económico construido durante los años noventa en el gobierno de su padre. Su campaña se centró en la seguridad, la estabilidad económica y la defensa de las instituciones surgidas de la Constitución de 1993. Por otro lado, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú con un perfil de Centroizquierda y respaldado por sectores cercanos al expresidente Pedro Castillo, propone una mayor intervención estatal, el fortalecimiento de las políticas sociales y la apertura de un debate sobre reformas estructurales del país.

La propia primera vuelta mostró la crisis de representación que atraviesa al sistema político peruano. Keiko Fujimori obtuvo poco más del 17,19% de los votos y Roberto Sánchez alrededor del 12,04% seguido muy de cerca por el candidato de extrema derecha Rafael Lopez Aliaga que se quedó fuera de la contienda con el 11,91% de votos, mientras que también otros 4 candidatos quedaron entre el 10% y 7% de los votos cada uno. Avanzando al balotaje después de una elección extremadamente fragmentada donde decenas de candidatos dividieron el electorado y ninguno logró construir una mayoría clara.

Detrás de la disputa electoral aparece una división histórica entre Lima y el interior del país. La capital, la costa y los sectores empresariales suelen respaldar opciones asociadas a la continuidad institucional y económica, mientras que las regiones andinas, amazónicas y del sur tienden a votar por candidatos que prometen mayores transformaciones sociales. Las últimas horas de escrutinio volvieron a mostrar este patrón, ya que los votos rurales redujeron significativamente la ventaja inicial obtenida por Fujimori en los grandes centros urbanos.  Esta fractura no responde únicamente a diferencias ideológicas, también refleja desigualdades territoriales acumuladas durante décadas y distintas experiencias respecto al desarrollo económico peruano. Sin embargo está claro que aun dentro de la lógica seguida por las distintas miradas regionales de la política peruana, no existe un consenso de cuál es la figura y el camino a seguir, desde el fin del gobierno de Fujimori a la actualidad el país pasó por múltiples presidentes de distintos signos políticos sin apenas cambios importantes a nivel estructural y con una fuerte sensación de decepción política. Desde 2016 la tendencia de falta de satisfacción política se profundizó a partir de que el país atravesó destituciones, renuncias presidenciales, conflictos entre poderes y protestas masivas, pero sin embargo los fundamentos del esquema económico permanecen prácticamente intactos en un país donde el la mayor parte de la población trabaja en la informalidad y sufre de una fuerte pobreza estructural.

La paradoja peruana es que, mientras los presidentes se suceden en medio de crisis permanentes, ciertas instituciones mantienen una notable estabilidad. Desde los principios ideológicos de la Constitución de 1993 hasta la autonomía del Banco Central de Reserva quien mantiene a Julio Velarde como presidente desde 2006, los pilares fundamentales del modelo económico han sobrevivido a gobiernos de izquierda, derecha, liberales y conservadores. Para los defensores del modelo, esa continuidad permitió controlar la inflación, atraer inversiones y evitar crisis económicas más profundas. Para sus críticos, en cambio, el crecimiento económico convivió con altos niveles de informalidad, desigualdad territorial y exclusión social. Desde esta perspectiva, los sectores populares del interior intentan periódicamente impulsar cambios políticos más profundos, pero encuentran fuertes resistencias institucionales que terminan limitando o neutralizando esos intentos de reforma.

Por eso, más allá de quién resulte finalmente electo, las elecciones vuelven a poner en discusión una pregunta que atraviesa la política peruana desde hace años: si el sistema construido en los noventa es capaz de incorporar las demandas de los sectores históricamente excluidos o si, por el contrario, continuará reproduciendo una estabilidad económica que convive con una persistente fragilidad política y social. En buena medida, el ajustado resultado de esta elección demuestra que esa discusión sigue abierta.