El oficialismo impulsa la Ley de hojarasca, mientras evitan tratar el proyecto que incluye ficha limpia

El proyecto impulsado por el funcionario del Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca derogar o modificar normas que el Gobierno considera obsoletas, redundantes, burocráticas o incompatibles con la Constitución. Mientras tanto, la Reforma Electoral Integral, que incluye el proyecto de ficha limpia, quedó postergado por el oficialismo tras el caso de Manuel Adorni.

Por Valentina Roncallo Orsolini.

El proyecto de Sturzenegger ya tuvo media sanción en Diputados el 20 de mayo de 2026, se aprobó con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. La iniciativa apunta a derogar o modificar alrededor de 70 leyes y decretos que el Gobierno considera en desuso o innecesarios. Algunas de ellas son la Ley del Mochilero, que habilitaba detenciones a quienes viajaran a dedo sin carnet y la Ley de Carta, que exigía autorización del Instituto Geográfico Nacional para usar mapas en etiquetas, y una norma vinculada a emisiones de televisión en color.

El argumento oficial es que hay una supuesta “inflación legislativa” en la que hay demasiadas normas acumuladas, muchas sin uso práctico, que generarían confusión y costos administrativos. Tal como argumentaron a la hora de defender la eliminación de las PASO que se incluye en el proyecto de Reforma Electoral integral junto con Ficha Limpia. 

Sin embargo, este proyecto quedó postergado en el Senado porque el oficialismo prioriza el tratamiento de la Ley Hojarasca. Teniendo en cuenta que el caso Manuel Adorni golpeó el discurso oficial de transparencia y aún así el Gobierno lo sigue manteniendo, evitar Ficha Limpia se presenta como otra contradicción política. 

El Senado convocó para hoy miércoles 17 de junio de 2026 a las 15:00 una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el expediente de la Ley Hojarasca. Por otro lado, el proyecto de Reforma Electoral Integral aún no tiene fecha formal, siendo el 13 de mayo su última instancia de tratamiento iniciada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.