El Gobierno Nacional cierra la Subsecretaría de Integración Sociourbana: más despidos y obras paralizadas

La motosierra de ajuste intervino en el cierre y desmantelamiento de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU) encargada de ejecutar políticas de urbanización a los barrios populares.

Se trata de la Ley 24.753 que declara de interés público la urbanización de los barrios identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) en Argentina. Su objetivo principal es garantizar el acceso a servicios básicos y promover las obras de agua, luz, cloacas, calles y espacios públicos, la regularización dominial – facilita los títulos de propiedad- y suspende los desalojos. 

Esta Secretaría, sancionada en el 2018, buscaba mejorar las condiciones de vida y asegurar la tenencia de la tierra en villas y asentamientos precarios ya que en paralelo, ofrecía el certificado de vivienda familiar para la posterior acreditación y solicitud de servicios. 

Sin embargo, el gobierno libertario dio fin a este espacio y arrasó consigo el impacto positivo que generaron los 1.200 proyectos que se llevaron a cabo en el periodo de 2019 y 2023. 

“Mi pieza” fue una de las políticas más transformadoras en los barrios populares; enfocada en dar a las mujeres un subsidio para que realizaran mejoras habitaciones en sus viviendas, ya sea con mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas, división de interiores, refacciones de plomeria y/o electricidad y ampliación de vivienda. 

La Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU) será recortada de Subsecretaría a Dirección Nacional; lo que implica un vaciamiento de contenido y de recursos de la única política pública nacional destinada a los barrios populares.

Desde diciembre de 2023 que el espacio sufrió el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que dejó más de 700 obras paralizadas, más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y cientos de barrios sin relevar. También advirtieron sobre procesos de desalojo en curso y más de 98.000 solicitudes de Certificado de Vivienda Familiar pendientes.

Ante los 300 despidos que se llevarán a cabo a partir del 01 de Marzo, la Iglesia, organizaciones sociales y referentes territoriales realizaron una conferencia el dia lunes en la Sede Cáritas, donde advirtieron que la paralización de esta área implica dejar sin obras ni acompañamiento estatal a cerca de 5 millones de personas que viven en más de 6.400 villas y asentamientos en todo el país.

En defensa por sus puestos de trabajo y por las políticas de integración y urbanización a todo el país; trabajadores, vecinos, organizaciones sociales y sindicatos como ATE se congregaron en el dia de la fecha en la sede de SISU -Avenida Roque Saenz Peña 777-  para movilizar hacia el ministerio de Economia y visibilizar sus reclamos.