El Gobierno apelará el fallo para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
Mientras se organiza la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre, la Casa Rosada apelará ante la Cámara la intimación del juez Cormick y sostiene que la medida cautelar ya fue cumplida. Por el momento, el Gobierno aún no resolvió si solicitará que la apelación suspenda la aplicación de la resolución judicial, mientras continúa negociando con las universidades en el marco del Presupuesto 2027.
El Gobierno apelará la resolución judicial que le dio un determinado tiempo para cumplir de manera total con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario, el plazo es de cinco días.
La discusión no es nueva: en junio la Corte Suprema rechazó el recurso del Ejecutivo y dejó firme la cautelar que lo obliga a actualizar salarios docentes y no docentes y recomponer las becas. Tres meses después, un juez vuelve a intimar al Gobierno y advierte que puede aplicar multas.
La decisión apunta contra la intimación que dictó el Juez Martin Cormick, quien sostuvo que “no existe cumplimiento total” y que, en caso de no cumplir dentro de lo establecido, por cada día de demora se los penalizará.
En el Gobierno todavía analizan si pedirán que la apelación tenga efecto suspensivo,“Estamos estudiando el tema”, explican. La decisión todavía no está tomada.
La contradicción entre el discurso de supuesto cumplimiento del Gobierno y las sucesivas decisiones judiciales es enorme, y en el centro de la disputa se encuentra Álejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y uno de los principales funcionarios encargados de defender la posición del Gobierno frente a las universidades públicas y los gremios.
Recientemente, se consolidó como la voz más agresiva del Gobierno frente al reclamo de docentes, estudiantes y rectores. Entre descalificaciones, provocaciones y ataques, defendió la decisión oficial de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario mientras el sistema público atraviesa una de sus peores crisis presupuestarias.
A su vez, llama la atención su tono al dirigirse a rectores, docentes, estudiantes y trabajadores del sistema público. En lugar de acompañar, opta por confrontar constantemente; desacredita las marchas, reduce el problema y responde con provocaciones frente a reclamos salariales y presupuestarios avalados por la Justicia.
En un contexto donde los salarios docentes perdieron más de un 30% de poder adquisitivo, el funcionario afirmó que la protesta universitaria “está construida emocionalmente sobre una mentira”.
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