El ajuste a los mas vulnerables: el Gobierno avanza con una reforma de las pensiones por discapacidad

En una semana marcada por la tensión social, el Presidente Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de «Ley contra el fraude de pensiones por invalidez». Mientras la justicia intima al cumplimiento de las prestaciones básicas, el oficialismo busca cambiar las reglas de juego y reempadronar a miles de beneficiarios.

Por Celeste Gomis.

Ayer por la tarde, el Gobierno nacional dio un paso clave en su plan de reestructuración del gasto público: ingresó al Senado un proyecto de ley que redefine el sistema de pensiones por discapacidad en Argentina.

La iniciativa propone modificar normas históricas como la 13.478 y la 24.901, y llega en un contexto de extrema fragilidad para el sector. Organizaciones denuncian un incumplimiento sistemático de las leyes de emergencia vigentes y advierten sobre el deterioro de las prestaciones.

El núcleo de la propuesta oficialista apunta a la «depuración» del padrón actual. Entre los puntos más cuestionados aparece el reempadronamiento obligatorio: quienes no lo completen podrían perder automáticamente el beneficio. También se establece que la prestación equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio, junto con una incompatibilidad total para quienes tengan empleo formal.

El cambio no es solo administrativo. También es conceptual: mientras la legislación vigente y la Convención Internacional parten de un modelo social de la discapacidad, el proyecto propone volver a un criterio estrictamente médico basado en la “incapacidad laboral”.

En ese esquema, solo accederían a la pensión quienes acrediten una invalidez superior al 66%. Esto dejaría afuera a miles de personas que, aun trabajando, necesitan el ingreso para sostener terapias, tratamientos y cuidados específicos.

Mientras impulsa estos cambios, el Presidente de la Nacion enfrenta cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793).

Organizaciones sociales y familiares denuncian atrasos en pagos y una creciente paralización del sistema. Transportistas, centros de día y escuelas especiales advierten que la deuda acumulada los está llevando al límite.

En ese contexto, esta mañana el presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por presunto “abandono de persona”, a raíz del recorte en la entrega de medicamentos e insumos críticos que dependen del Estado nacional.

La migración de las antiguas pensiones no contributivas al nuevo régimen de “Protección Social” comenzó este mes con auditorías de oficio. Según el Gobierno, el objetivo es detectar irregularidades. Sin embargo, desde los colectivos de discapacidad sostienen que el proceso funciona como un mecanismo de ajuste.

En abril de 2026, el haber base por invalidez se ubicó en $266.223,52. Con el bono de $70.000, el total alcanza los $336.223,52. Una cifra que queda muy por debajo de la canasta básica para una persona con discapacidad, especialmente en casos que requieren tratamientos continuos, asistencia y cuidados específicos.