Dólares, criptos y la casa en el Country Indio Cúa: las declaraciones de Adorni
77 páginas para responder 20 puntos. Manuel Adorni tenía plazo hasta el 22 de septiembre para dar respuesta a las preguntas del fiscal Gerardo Pollicita por la causa de presunto enriquecimiento ilícito. Si el descargo no cierra, el caso puede avanzar hacia una indagatoria.
El exjefe de Gabinete, presentó finalmente ante la Justicia la justificación de su patrimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, iniciada en marzo del corriente. Tenía plazo hasta mañana para responder a las preguntas del fiscal federal, Gerardo Pollicita.
El abogado del exfuncionario, Matías Ledesma, asegura en el escrito que “se demostrará” que “la evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”.
La causa está a cargo del juez federal, Ariel Lijo. Al responder las 20 preguntas, en el documento se adjuntó “la explicación, el respaldo documental y las razones jurídicas por las cuales corresponde tener por debidamente satisfecha la carga de justificación que la norma impone”.
Las respuestas de Adorni en su justificación de bienes
Dólares y criptos
Uno de los principales interrogantes planteados por la Fiscalía se encontraba vinculado con los dólares declarados bajo el concepto de “venta de activos”. Adorni había declarado u$s 565.000 al inicio de 2023, u$s513.000 al cierre de ese año y u$s388.961,52 al cierre de 2024.
La explicación de la defensa es que esos fondos no surgieron de la venta de un inmueble ni de otro bien físico, sino de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin. Según el escrito, esas operaciones representaron un total de u$s591.544,61.
La defensa sostiene que la venta de las criptomonedas también se hizo en efectivo y de manera directa.
La casa en Indio Cuá y una diferencia de u$s40.000
El otro punto más relevante de la causa está relacionado con el lote 380 del Country Indio Cuá y la vivienda construida allí.
La principal controversia aparece en el costo de la remodelación. La Fiscalía había requerido explicar el origen de los u$s245.000 que, según el requerimiento, habían sido abonados al contratista Matías Tabar.
La defensa sostiene que esa cifra no coincide con la documentación incorporada al expediente. Según su análisis, la primera planilla presentada por el propio Tabar, correctamente sumada, declara u$s285.929 y no u$s245.929. La diferencia de u$s40.000, afirman “no tiene explicación ni respaldo documental.”
Pero la defensa plantea que el dato central es otro: sostiene que el dinero efectivamente entregado a Tabar fue de u$s175.000. Ese monto, afirma, surge del análisis contable de los desembolsos realizados.
La presentación también incorpora la declaración del propio contratista, quien reconoció que el presupuesto inicial de los trabajos fue modificado durante la obra y que algunos pagos se realizaron en efectivo y sin recibos.
De esta manera, la defensa busca explicar dos de los principales puntos observados por la Fiscalía: sostiene que los dólares declarados como “venta de activos” provienen de una inversión en Bitcoin realizada años antes del ingreso de Adorni a la función pública y que el costo efectivo de la obra de Indio Cuá fue sustancialmente inferior al monto atribuido inicialmente al contratista.
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