Bukele promulgó una ley que permite aplicar cadena perpetua a menores desde los 12 años

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó una controvertida reforma legal que habilita la aplicación de penas de cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años, en el marco de su política de endurecimiento contra el crimen organizado y las pandillas.

Por Matías Paredes

La medida fue aprobada previamente por la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo mediante una reforma constitucional que modifica el régimen penal vigente. A partir de su entrada en vigor, prevista para fines de abril, los jueces podrán imponer prisión de por vida a adolescentes condenados por delitos considerados graves, como homicidio, violación, terrorismo o pertenencia a organizaciones criminales. 

Hasta ahora, el sistema penal salvadoreño establecía límites más bajos para las penas aplicables a menores, con un enfoque diferenciado respecto de los adultos. Sin embargo, la nueva normativa elimina en gran medida ese tratamiento especial y abre la puerta a sanciones equiparables a las de mayores de edad, aunque contempla revisiones periódicas de las condenas según la edad del condenado y la gravedad del delito.

La reforma se inscribe dentro de la denominada “guerra contra las pandillas” impulsada por Bukele desde 2022, cuando se decretó un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales y permitió detenciones masivas. Desde entonces, más de 90 mil personas fueron arrestadas en el país bajo sospecha de vínculos con organizaciones criminales, en una estrategia que el gobierno presenta como clave para la drástica reducción de los índices de homicidios.

La decisión generó fuertes cuestionamientos a nivel internacional. Organismos de derechos humanos, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, advirtieron que la aplicación de cadena perpetua a menores podría violar principios básicos de protección de la niñez y del derecho internacional. También señalaron preocupaciones por la eliminación de garantías procesales específicas para adolescentes. 

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la medida como una herramienta necesaria para combatir delitos de extrema gravedad. El propio Bukele sostuvo que el marco legal anterior favorecía la impunidad de menores involucrados en crímenes violentos, y justificó el endurecimiento de las penas como parte de una política integral de seguridad. 

Además de permitir la cadena perpetua, la reforma incluye cambios estructurales en el sistema judicial, como la creación de nuevos tribunales especializados y la eliminación de ciertos procedimientos diferenciados para menores en casos de delitos graves. 

El debate sobre la medida también se vincula con el contexto político más amplio de El Salvador, en los últimos años, el gobierno de Bukele concentro su poder institucional e impulso una serie de reformas cuestionadas por organismos internacionales, en medio de denuncias por violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción. 

Con esta decisión, El Salvador se convierte en uno de los pocos países del mundo en permitir penas de prisión perpetua para menores de tan corta edad, lo que marca un giro profundo en su política penal. Mientras el gobierno sostiene que se trata de un paso necesario para garantizar la seguridad, el debate sobre sus implicancias legales, sociales y éticas continúa abierto tanto dentro como fuera del país.