YPF: la Justicia de EE.UU. suspendió todas las apelaciones y refuerza la posición de la Argentina en el juicio por la expropiación

Una nueva señal favorable para la Argentina llegó desde Estados Unidos en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió suspender todas las apelaciones vinculadas al caso, en una decisión que consolida el reciente fallo que dejó sin efecto la millonaria condena contra el país.

La medida implica que quedarán en pausa todas las instancias judiciales relacionadas al expediente, incluyendo planteos clave como la apelación contra la orden de entregar acciones de la petrolera. El congelamiento se mantendrá hasta que se definan los próximos pasos de los demandantes.

El exprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, explicó que la decisión está directamente ligada al fallo favorable que obtuvo la Argentina días atrás. “Ahora se dejan en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso hasta que ese fallo quede firme”, detalló.

En la misma línea, el analista de Latam Advisors, Sebastián Maril, aclaró que la suspensión no implica una cancelación del proceso. “Todas las apelaciones han sido suspendidas mientras los demandantes buscan revertir la reciente decisión. Esto incluye tanto el pedido de revisión ante la Cámara como un posible recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos”, señaló.

Días atrás, las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía —representadas por el fondo Burford Capital— solicitaron una prórroga de 28 días para presentar un pedido de revisión del fallo. El tribunal concedió ese plazo, extendiendo la fecha límite hasta el 8 de mayo de 2026.

El objetivo de los demandantes es solicitar un rehearing o incluso un rehearing en banc, es decir, que todos los jueces de la Cámara vuelvan a analizar el caso en busca de revertir la decisión favorable a la Argentina.

Un fallo clave que cambió el escenario

El pasado 27 de marzo, la Justicia estadounidense dio un giro clave en el litigio al revocar la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar más de US$16.000 millones.

En ese fallo, la Cámara de Apelaciones determinó que la jueza Loretta Preska no había interpretado correctamente la legislación argentina. Por ese motivo, dejó sin efecto la condena y ordenó revisar nuevamente el caso.

Ahora, con la suspensión de todas las apelaciones en curso, el proceso entra en una etapa de espera que podría ser determinante para el futuro del litigio. Mientras tanto, la Argentina gana tiempo y refuerza su posición en uno de los juicios más costosos de su historia reciente.