Un proyecto que ataca las «falsas denuncias»: qué propone Carolina Losada

El proyecto de ley impulsado por la Senadora Nacional, Carolina Losada, busca modificar artículos del Código Penal para endurecer sanciones contra la falsa denuncia, el falso testimonio y el encubrimiento en determinados delitos.

Por Camila O. Correa

El proyecto que impulsa, por segunda vez, la senadora radical Carolina Losada, busca subir la pena de 3 a 6 años en las falsas denuncias sobre delitos sexuales, abuso de menores y violencia de género. Con dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, fue presentado nuevamente en la Cámara Alta.

Junto con el endurecimiento de las penas, se suma la inclusión de sanciones severas para los profesionales del sistema judicial que colaboren en el armado de estas causas. Esto quiere decir que psicólogos o peritos que influyan en testimonios de menores, deberán ser penados.

La senadora nacional sostiene que «las falsas denuncias llenan de causas los tribunales con plata del Estado» y asimismo, que arruinan vidas. Sin embargo, en Argentina, las falsas denuncias solo representan el 2% de todos los delitos y ya está penado por la ley en el art. 245 del Código Penal.

Lo mismo sucede a nivel mundial: las denuncias falsas por violencia de género representan un porcentaje ínfimo, situándose por debajo del 1% del total de los casos, como situaciones excepcionales. A diferencia de las denuncias reales de violencia de género, que en el mundo representan un 99%.

Segun un estudio de ONU Mujeres, la cifra de las falsas denuncias se construyen a partir de criterios rigurosos: solo se consideran falsas aquellas en las que se prueba que el hecho no ocurrió. Es decir, que la mayoría de las veces se considera de esa forma por falta de pruebas, archivo de la causa o dificultades en la investigación, lo cual no implica que el hecho que se denuncia no haya sucedido.

Por ejemplo, en Argentina, en casos de femicidios e intentos de femicidios, más del 80% de las víctimas no había denunciado previamente a su agresor por miedo, falta de recursos o desprotección del Estado.