“SE LES CAYÓ EL BOZAL: la Justicia frenó a Tapia y Toviggino y respaldó a los periodistas que investigan a la AFA”.

La Cámara de Apelaciones de San Isidro dejó sin efecto las restricciones impulsadas por los máximos dirigentes de la AFA contra periodistas y referentes políticos. Los jueces advirtieron que la medida afectaba la libertad de expresión y el derecho a investigar asuntos de interés público.

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino sufrieron un fuerte revés judicial. La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó las restricciones que impedían a un grupo de periodistas y dirigentes políticos acercarse o mantener determinadas formas de contacto con las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

La medida original había sido dispuesta por el juez de Garantías de Pilar Walter Saettone a partir de una presentación de Tapia y alcanzaba a los periodistas Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa, además de los dirigentes de la Coalición Cívica Leandro Camani, Matías Yofe y Facundo Del Gaiso. Varios de ellos venían investigando o realizando denuncias vinculadas con causas relacionadas con la AFA.

La resolución había sido rápidamente cuestionada por su alcance. Entre otras restricciones, contemplaba prohibiciones de contacto y acercamiento a Tapia, Toviggino y sus familiares, incluso en determinados lugares donde desarrollaban sus actividades habituales.

La Justicia frenó las restricciones impulsadas por Tapia y Toviggino

Tras la apelación de los afectados, los camaristas Gustavo Herbel, Luis Cayuela y Carlos Blanco resolvieron dejar sin efecto la medida.

Uno de los argumentos más contundentes estuvo relacionado directamente con el ejercicio del periodismo. Herbel consideró que las restricciones no se limitaban exclusivamente a proteger aspectos de la vida privada de los dirigentes, sino que podían interferir concretamente con el trabajo de quienes investigaban cuestiones relacionadas con la conducción del fútbol argentino.

El magistrado señaló que la libertad de expresión también comprende “investigar y comunicar” sobre asuntos de posible interés público y remarcó la importancia de la actividad periodística como herramienta para controlar la actuación de personas con relevancia pública.

El fallo representa así un duro golpe para una estrategia que había generado fuertes cuestionamientos: mientras periodistas investigaban causas relacionadas con la AFA, las autoridades de la entidad habían recurrido a la Justicia para imponerles restricciones.

El insólito alcance que podía tener el “bozal legal”

Uno de los puntos que expuso la Cámara muestra hasta dónde podía llegar la resolución inicial.

Según explicó Herbel, la prohibición de acercamiento a lugares frecuentados por Tapia y Toviggino podía generar situaciones absurdas para los propios periodistas. El juez puso como ejemplo que incluso podían verse impedidos de concurrir al Palacio de Justicia porteño de Talcahuano 550 debido a su cercanía con la sede de la AFA de Viamonte 1366.

Para la Cámara, esa situación tenía consecuencias directas sobre el ejercicio profesional de los afectados.

Los otros dos integrantes del tribunal, Cayuela y Blanco, también votaron por revocar las medidas, aunque utilizaron otro argumento: consideraron que el juez que las había dictado no tenía competencia para adoptar ese tipo de restricciones en esas circunstancias.

Otro dolor de cabeza para la conducción de la AFA

La decisión judicial llega en momentos en que Tapia y Toviggino vuelven a estar bajo fuerte exposición pública por investigaciones y denuncias vinculadas al entorno de la AFA.

Los periodistas alcanzados por la medida habían publicado investigaciones sobre causas judiciales relacionadas con la entidad, mientras que los dirigentes políticos involucrados realizaron distintas presentaciones penales, entre ellas una vinculada con la denominada “mansión de Pilar”.

Ahora, el intento de establecer restricciones contra quienes investigaban y denunciaban esos hechos quedó desactivado por una instancia superior.

La resolución marca un límite importante: ser dirigente de una de las instituciones más poderosas del país no elimina el derecho de periodistas y dirigentes a investigar, preguntar y difundir información sobre cuestiones de interés público.

Para Tapia y Toviggino, el resultado es contundente: el denominado “bozal legal” que habían conseguido en primera instancia terminó derrumbándose en la Cámara, que puso por delante la libertad de expresión y la investigación periodística.