Revés judicial para el ajuste: un juez ordenó al Gobierno financiar a las universidades

El magistrado Martín Cormick frenó el decreto presidencial que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo resalta que la educación pública es un derecho constitucional que no puede ser condicionado por normas de inferior jerarquía.

En una decisión que representa un alivio para la comunidad académica y un triunfo para la institucionalidad democrática, la Justicia Federal puso un límite a las aspiraciones del Poder Ejecutivo de desfinanciar la educación pública. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, dictó una medida cautelar que deja sin efecto el Decreto 759/2025, mediante el cual el gobierno de Javier Milei pretendía suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El fallo es contundente: el magistrado ordenó al Estado Nacional cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas para salarios docentes y becas estudiantiles. Según el juez, el intento del Ejecutivo por bloquear la ley presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, especialmente considerando que la norma había sido ratificada por el Congreso tras la insistencia de ambas cámaras.

La Constitución por encima del ajuste

La resolución judicial subraya un principio fundamental del sistema republicano: la división de poderes. El magistrado recordó que, una vez que el Congreso insiste con los dos tercios en una ley (tras un veto presidencial), el texto se convierte en norma vigente y el Ejecutivo no tiene facultades para aplicar «variantes suspensivas».

Cormick fue claro al señalar que el Gobierno intentó fundar la suspensión de la ley en normas de inferior jerarquía para evadir un mandato constitucional expreso. En este sentido, el fallo reafirma que “el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo” para su cumplimiento, sin que existan atajos administrativos para ignorar la voluntad del Poder Legislativo.

El impacto real: salarios y derecho a aprender

Más allá de los argumentos técnicos, la justicia puso el foco en el daño concreto que el recorte genera en la vida cotidiana de miles de trabajadores y estudiantes. El fallo reconoce que el deterioro de los ingresos del sector universitario “conculca derechos laborales protegidos por Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.

Uno de los puntos más destacados de la decisión de Cormick es la evaluación del «interés público». El juez advirtió que el ajuste salarial no solo afecta a los docentes, sino que impacta directamente en la calidad educativa, poniendo en riesgo el derecho constitucional de enseñar y aprender.

Asimismo, desmoronó el argumento del impacto fiscal insostenible: citando datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, recordó que la ley solo representa un 0,23% del PBI, un porcentaje que calificó como un ahorro presupuestario “poco significativo” frente a la gravedad del daño social que produce el desfinanciamiento.

Un triunfo colectivo

La medida cautelar surge de un amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el patrocinio del constitucionalista Pablo Manili. El fallo ordena la aplicación inmediata de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, garantizando que los fondos lleguen a donde deben: a las aulas, a los laboratorios y a los bolsillos de quienes sostienen la excelencia de la universidad pública argentina.

Esta decisión judicial marca un precedente histórico en la defensa de la educación gratuita y de calidad frente a medidas que, en palabras del propio juez, parecen “reñidas con el principio de división de poderes”.