Paro docente nacional: CTERA aseguró que la adhesión fue “altísima” y crece la tensión con el Gobierno

La medida de fuerza afectó a las escuelas públicas de todo el país. Los gremios reclaman la reapertura de la paritaria nacional y una recomposición salarial, mientras Capital Humano controla el cumplimiento del servicio mínimo.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) llevó adelante este lunes 3 de agosto un paro docente nacional que afectó el dictado de clases en los niveles inicial, primario y secundario de las escuelas públicas.

La medida coincidió con el regreso de las vacaciones de invierno en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Desde el sindicato aseguraron que la protesta tuvo un “altísimo acatamiento” y destacaron la participación de los trabajadores de la educación en las movilizaciones realizadas en diferentes puntos del país.

Entre los principales reclamos se encuentran la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente —FONID— y el envío de los fondos educativos nacionales a las provincias.

CTERA también exige una nueva Ley de Financiamiento Educativo, mejoras en las condiciones jubilatorias y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el oficialismo.

En la Ciudad de Buenos Aires, sindicatos como UTE y Suteba participaron de una movilización en la que la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, cuestionó la situación presupuestaria del sistema educativo y denunció que numerosos docentes perciben salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano desplegó controles mediante sus agencias territoriales para verificar que las escuelas garantizaran al menos el 75% de la prestación habitual, tal como establece la normativa para los servicios considerados esenciales.

El Gobierno advirtió que podría iniciar procedimientos sancionatorios contra las organizaciones sindicales en caso de comprobar incumplimientos. Sin embargo, aclaró que las sanciones no serán automáticas y deberán atravesar previamente un proceso administrativo que permita identificar responsabilidades y garantizar el derecho a defensa.

La protesta profundizó el enfrentamiento entre los gremios docentes y la administración nacional, en medio de una discusión que combina reclamos salariales, financiamiento educativo y cuestionamientos por las nuevas condiciones establecidas para realizar medidas de fuerza.