Otro millonario aumento para senadores: desde julio cobrarán más de $9,5 millones

Mientras jubilados marchan todos los miércoles por un aumento y los médicos residentes del Garrahan exigen sueldos dignos, los senadores se otorgan incrementos que superan a los gremios más poderosos.

En la Argentina de las ollas populares, las pensiones mínimas y los hospitales colapsados, los senadores nacionales se asegurarán, desde julio, un sueldo bruto superior a $9,5 millones mensuales, gracias a una nueva paritaria firmada recientemente. El acuerdo, que se apoya en la paritaria de los trabajadores legislativos, cuenta con el aval de los presidentes de ambas cámaras: Martín Menem y Victoria Villarruel.

Este nuevo aumento implica una actualización del 1,3% retroactiva a marzo, que se replicará en abril y mayo. Se suma así a una serie de incrementos acumulados que totalizan un 11,6% en lo que va del año, superando incluso los acuerdos paritarios cerrados por gremios de gran peso como Camioneros, Bancarios, Transporte y Metalúrgicos.

La base del cálculo es un sistema de módulos que los propios legisladores aprobaron en abril de 2024. Cada senador percibe 2.500 módulos de dieta, más 1.000 por representación y 500 por desarraigo. A eso se le suma, desde el año pasado, una dieta número 13 en concepto de aguinaldo. Con cada módulo valuado actualmente en $2.376, la dieta bruta mensual supera los $9,5 millones.

Hasta marzo, los senadores cobraban en mano más de $5,4 millones, con un bruto de $7,5 millones. Pero tras el vencimiento del congelamiento salarial firmado por Villarruel, ahora se incorporan los aumentos pendientes de enero (1,5%), febrero (1,2%), más un 6,6% correspondiente a julio y agosto de 2024 que nunca se aplicó por la vigencia del congelamiento hasta fines de marzo.

En declaraciones recientes, Victoria Villarruel aclaró que ella no puede impedir este aumento y que la decisión es «responsabilidad de los senadores». Una manera de lavarse las manos frente a un ajuste silencioso, pero letal para la credibilidad política.

Todo esto ocurre mientras los jubilados marchan cada miércoles al Congreso, reclamando haberes que no alcanzan ni para una canasta básica. O mientras los médicos residentes del Hospital Garrahan protestan por salarios que apenas superan la línea de pobreza, pese a la enorme responsabilidad que tienen sobre sus espaldas.

Los legisladores, en cambio, no enfrentan hospitales colapsados ni deben elegir entre remedios y comida. Sus sueldos crecen al ritmo de decisiones que se toman a puertas cerradas, sin debate público y con el aval de un sistema político que se protege a sí mismo.

La pregunta que flota en el aire es tan clara como incómoda: ¿Quién representa a quienes viven con menos de lo que un senador gasta en una cena?