Opinión: qué implicaciones podría tener la reforma electoral en el mapa político

La iniciativa propone modificar aspectos clave del sistema electoral actual y plantea interrogantes sobre sus posibles implicancias en la competencia política.

Por Charo Sanchez Inda

Este miércoles, el Gobierno envió al Congreso Nacional su proyecto de reforma electoral. El mismo abarcará diversos puntos. Entre ellos, destacan: la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO); modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos; la implementación de Ficha Limpia; el aumento del piso de afiliación para registrar un partido; la duplicación de la cantidad de provincias necesarias para obtener reconocimiento nacional; y la adopción de la Boleta Única de Papel.

Como toda reforma institucional, sus efectos no serán homogéneos. Por el contrario, implicaría una reconfiguración de incentivos, que tendrían consecuencias variadas en la arena política.

Las PASO fueron sancionadas en el año 2009. Los objetivos que perseguía esta implementación eran la democratización en la selección de candidaturas, esto es, que los ciudadanos formen parte en la elección de candidatos en contextos de internas partidarias; y la reducción del número de candidaturas, al servir como filtro de candidatos antes de las elecciones generales. En la práctica, la función más notoria fue esta última. Desde que existen, pocos partidos las han usado para definir a sus candidatos. Solo en contadas ocasiones fueron utilizadas para dirimir internas relevantes, como ocurrió en el año 2023 dentro de Juntos por el Cambio, en la pulseada entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

El Gobierno, que ya había impulsado su eliminación en otras oportunidades -e incluso logró suspenderlas en la última elección-, sostiene que implican un costo excesivo. Ayer, Milei exclamó en sus redes sociales: “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

El efecto inmediato de la eliminación de las PASO podría sentirse en el PJ. En un contexto de fragmentación y tensiones internas, el peronismo ya empezó a tejer alianzas contra esta reforma. De cara a las elecciones presidenciales del 2027, las PASO pueden ser sin duda una herramienta muy necesaria para zanjar las internas y que el electorado defina al candidato, lo que ayudaría a construir consenso y legitimación. Sin ellas, uno de los posibles efectos podría ser el fraccionamiento del peronismo y, por ende, el debilitamiento del partido, al competir no sólo con el resto de los partidos sino también entre ellos. La dispersión de los votos peronistas favorecería al oficialismo, con la lógica de “divide y vencerás”.

Desde ya, este efecto no estaría reservado únicamente para el peronismo. Además, con la eliminación de las PASO se perdería la posibilidad de hacer formar parte a la ciudadanía en el proceso de selección de candidaturas ante internas partidarias. Esto implicaría un retorno a las cúpulas partidarias para definir estas pulseadas. 

En materia de financiamiento, la reforma introduce cambios relevantes. Si bien el Gobierno plantea que busca transparentar el sistema, el aumento del tope de aportes privados -del 2% al 35%- puede tener implicancias más amplias. Por ejemplo, pueden crecer los incentivos para que esos actores que financian a los partidos busquen influir en la agenda pública. Si bien esto no implica necesariamente la existencia de prácticas de lobby, sí podría generar condiciones más propicias para que grandes financiadores adquieran mayor capacidad de incidencia.

Por su parte, la Boleta Única de Papel (BUP), que había sido implementada para las elecciones legislativas nacionales del año pasado, introduciría cambios en la dinámica electoral. Entre ellos, la fiscalización perdería centralidad, ya que desaparecería el problema de la falta de boletas. En este sentido esto favorecería principalmente a los partidos más chicos con menor estructura y despliegue nacional. Además, mejoraría la transparencia del proceso al garantizar la disponibilidad de toda la oferta electoral en el cuarto oscuro, eliminando intermediaciones partidarias.

Sin embargo, también podría modificar el comportamiento del voto. Aunque la reforma contempla la posibilidad de votar lista completa, tiende a debilitar el llamado “efecto arrastre”, por el cual un candidato con alto nivel de apoyo impulsa a otros de su mismo espacio simplemente por figurar en la misma boleta. En el sistema tradicional, esto ocurre con frecuencia porque muchos votantes no cortan boleta. Con la BUP, en cambio, hay un incremento de los incentivos al “voto cruzado” entre distintas fuerzas.

Otro punto central es el endurecimiento de los requisitos para el reconocimiento de partidos políticos. La reforma propone duplicar la cantidad de distritos necesarios -de cinco a diez provincias- para obtener reconocimiento nacional, lo que elevaría las barreras de entrada para nuevas fuerzas. Este cambio podría dificultar la emergencia y consolidación de partidos más chicos, al exigir una implantación territorial más amplia desde el inicio, y tender a concentrar la competencia en menos actores.

Por otro lado, para el oficialismo, de no aprobarse la reforma, no solo les implicaría un revés legislativo, sino que también dejaría al descubierto las tensiones internas respecto de la estrategia electoral hacia 2027. El gobierno parece avanzar con la iniciativa sin garantías de éxito. En ese contexto, un fracaso parlamentario no sólo evidenciaría la debilidad del Ejecutivo en el Congreso, sino también la falta de una estrategia unificada hacia adelante.