La Justicia volvió a intimar al Gobierno para que actualice los salarios universitarios y las becas

El juez Martín Cormick consideró que el Ejecutivo solo cumplió parcialmente con la cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Le dio un nuevo plazo de cinco días y advirtió que podría aplicar multas.

La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y recomponer los programas de becas estudiantiles contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien ratificó el criterio que había fijado el 22 de septiembre y volvió a otorgarle al Poder Ejecutivo un plazo de cinco días para cumplir con lo dispuesto.

Además, el magistrado mantuvo la advertencia de aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora, en caso de que persista el incumplimiento.

La Justicia consideró insuficiente la respuesta del Gobierno

La nueva resolución llegó después de que el Ejecutivo cuestionara la intimación anterior y asegurara ante la Justicia que ya había cumplido con las obligaciones establecidas por la cautelar.

Cormick, sin embargo, sostuvo que la documentación presentada solo permite acreditar un “cumplimiento parcial”.

La medida cautelar alcanza los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023, mientras que el segundo contempla la recomposición de distintos programas de becas estudiantiles.

La diferencia por la actualización de los salarios

Uno de los principales puntos de discusión está vinculado al mecanismo utilizado para calcular los incrementos salariales.

El juez tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor del INDEC y señaló que entre diciembre de 2023 y junio de 2026 la inflación acumulada fue del 312,19%.

Según la resolución, la documentación presentada por el Ejecutivo no permitió demostrar que los salarios universitarios hayan alcanzado una actualización equivalente a ese porcentaje bajo los parámetros fijados por la norma.

El Gobierno, en cambio, sostuvo en su presentación que otorgó un incremento salarial acumulado del 226,8% desde diciembre de 2023, además de haber reabierto las negociaciones paritarias y presentado una propuesta adicional del 3%.

También hay diferencias por las becas universitarias

Otro de los cuestionamientos judiciales apunta a los programas de ayuda económica para estudiantes.

La Ley de Financiamiento Universitario contempla la recomposición de distintos programas, entre ellos Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería. Sin embargo, según indicó Cormick, la información presentada por el Ejecutivo detalló medidas únicamente respecto de la Beca Manuel Belgrano.

El Gobierno argumentó que, según su interpretación, ese era el único programa alcanzado por la ley. El juez rechazó ese planteo y concluyó que lo informado “tampoco alcanza a cubrir” lo dispuesto por la cautelar.

El juez rechazó elevar la discusión a la Cámara

Además del pedido de revocatoria, el Gobierno había presentado una apelación subsidiaria para intentar llevar la discusión ante la Cámara de Apelaciones.

Cormick decidió no conceder ese recurso en esta instancia porque las multas previstas todavía no fueron aplicadas y, por lo tanto, consideró que no existe por ahora un perjuicio concreto que justifique habilitar la apelación.

La resolución se conoce en medio de un nuevo capítulo del conflicto universitario. Este miércoles comenzó un paro docente de 72 horas en las universidades públicas nacionales, con reclamos por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y una mayor recomposición salarial.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y posteriormente confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio de 2026, la Corte Suprema rechazó un recurso del Poder Ejecutivo, por lo que la medida permanece firme mientras continúa la discusión judicial de fondo.