La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó el financiamiento universitario y ordenó aplicar la ley
El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los reclamos presentados por la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional. La sentencia es de primera instancia.
La Justicia declaró inconstitucional una parte del decreto del Gobierno que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar de manera inmediata con su implementación.
La decisión fue tomada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien hizo lugar a los amparos presentados por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El magistrado invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la norma a la definición de los recursos presupuestarios necesarios.
La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la ley
En su resolución, Cormick dispuso que el Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno había promulgado la norma luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero había condicionado su puesta en marcha a que el Poder Legislativo estableciera las fuentes de financiamiento correspondientes.
Para el juez, ese mecanismo funcionó como una herramienta ajena al procedimiento constitucional para impedir la ejecución de una ley que ya había sido ratificada por ambas cámaras del Congreso.
Además, señaló que la propia legislación contempla mecanismos para financiar las medidas previstas, entre ellos la adecuación de partidas presupuestarias y la utilización de ingresos que superen las estimaciones originales.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La normativa contempla una recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas y actualizaciones para los salarios de docentes y no docentes.
También establece mejoras en los programas de becas estudiantiles y prevé recursos destinados a investigación, infraestructura, equipamiento, tecnología y extensión universitaria.
El fallo conocido este martes es de primera instancia, por lo que todavía puede ser apelado por el Gobierno.
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