La Corte Suprema ordenó entregar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar por escuela en Salta

El fallo alcanza a los establecimientos que participaron de las evaluaciones de 2016 y 2017. El máximo tribunal rechazó que el Estado pueda negar el acceso a todos los informes por el riesgo de estigmatización, pero exigió resguardar la identidad de estudiantes y docentes.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado nacional entregar los resultados de los operativos Aprender y Enseñar de 2016 y 2017 desagregados por establecimiento educativo en Salta. La decisión confirmó un fallo de la Cámara Federal de esa provincia y puso fin a una discusión que comenzó en 2019, cuando el padre de un estudiante pidió acceder a los informes de las instituciones que habían participado.

La diferencia central del caso era el nivel de detalle. El entonces Ministerio de Educación había ofrecido datos agrupados por municipio, pero se negaba a entregar los reportes por escuela. La Corte consideró que ese nivel de desagregación tiene un interés público concreto porque permite evaluar si el Estado identifica las dificultades de cada establecimiento y toma medidas para atenderlas.

Por qué el Estado se negaba a entregar los informes

Rafael Aurelio Argañaraz Olivero presentó un amparo de acceso a la información pública después de que la Secretaría de Evaluación Educativa rechazara su solicitud. El organismo sostuvo que los datos se habían recolectado con carácter confidencial y que difundirlos por establecimiento podía facilitar la elaboración de rankings y estigmatizar a las comunidades educativas.

El Estado también argumentó que, al cruzar los resultados con datos sobre el contexto socioeconómico de los hogares, se podía llegar a identificar de manera indirecta a quienes habían participado de las pruebas. El juzgado de primera instancia rechazó el amparo, pero la Cámara Federal de Salta revocó esa decisión y ordenó entregar los reportes sin revelar información personal de alumnos ni docentes.

Qué datos deberán entregarse y cuáles quedarán protegidos

La mayoría de la Corte sostuvo que el resguardo previsto en el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional no justifica una negativa general. Según el fallo, el Estado debe explicar en qué casos concretos la difusión puede generar un riesgo de estigmatización. Los jueces señalaron que conocer los resultados por escuela puede ayudar a detectar desigualdades y a verificar, por ejemplo, si se garantiza la educación bilingüe e intercultural en las comunidades de pueblos originarios.

La orden se limita a los informes de Salta correspondientes a 2016 y 2017. No dispone la publicación de los resultados individuales ni se extiende automáticamente a todas las provincias. La Justicia federal de Salta deberá delimitar la entrega para evitar que se difundan datos que permitan identificar a quienes participaron, en especial a menores de edad.

La decisión fue firmada por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Carlos Vallefín y Juan Fernando Perozziello Vizier. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y propuso revocar la sentencia de Cámara y devolver el expediente para que se dictara un nuevo fallo.

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