Intiman a Katopodis a suspender el cobro de peajes en la ruta 6.

El CONADUV planteó que un fallo judicial vigente impide el cobro y que no se cuenta con aval legislativo

A días de implementado el peaje en la ruta provincial 6 el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), hizo una presentación administrativa ante el Ministerio de Infraestructura que encabeza Gabriel Katopodis, donde se íntima a suspender el cobro de peajes.

La presentación fue efectuada hoy por Jorge Zatloukal Director ejecutivo del CONADUV, con el patrocinio de abogada Julieta Ripoli, responsable legal de la entidad.

La presentación plantea la inmediata abstención del cobro de peaje en dicha autovía y la suspensión de los efectos de las recientes Resoluciones 475 y 767 y revisar las actualizaciones trimestrales por falta de justificación suficiente y de control ciudadano efectivo respecto a la recomposición adicional del 23,81 % y el mecanismo de actualización trimestral automático, aplicable a las estaciones San Vicente, Las Heras y Cardales.
Sostienen que no hay un ente regulador independiente, como exige el artículo 42 de la Constitución Nacional y que el Estado está de los dos lados del mostrador: la Provincia de Buenos Aires concede la explotación vial, aprueba las tarifas y debe fiscalizar el servicio; al mismo tiempo, controla a AUBASA, la empresa que percibe los peajes y se beneficia con los incrementos autorizados.

Esa superposición de funciones constituye uno de los ejes de las presentaciones realizadas ante el Ministerio de Infraestructura.

Zatloukal se remitió a un fallo del Juez Luis Arias de 2017 afirmando » Está vigente el fallo que ordenó a la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. –AUBASA- a que se abstenga de cobrar tarifa alguna por peaje a los usuarios de la autovía Ruta provincial N° 6 sin expresa habilitación legislativa y audiencia pública previa»

   El planteo denuncia que los aumentos no cuentan con una justificación suficiente y verificable sobre costos reales, obras, mantenimiento y calidad del servicio. También reclama conocer los aportes presupuestarios y comprobar que el peaje no vuelva a financiar gastos ya cubiertos con recursos públicos.

La abogada Julieta Ripoli se preguntó «¿Quién controla el aumento cuando quien lo autoriza también controla a quien lo cobra? la impugnación exige una evaluación independiente de las propuestas de AUBASA y mayores garantías de transparencia, ética pública y rendición de cuentas. El interés financiero de la empresa no puede confundirse con el interés público ni desplazar la protección del usuario«.

 Sostienen además que las presentaciones exigen explicar cómo se relacionan los ajustes con la evolución del IPC y los costos efectivos de la concesión, y evaluar su impacto frente al salario mínimo, los aumentos salariales y la canasta básica. Una fórmula de actualización no demuestra, por sí sola, que la tarifa sea razonable o económicamente accesible.

Por su parte, Ricardo Lasca del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) sostuvo: » Esperamos no tener que recurrir a la justicia, confiando que tanto el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires como el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, haga lugar a nuestro reclamo dada la situación económica que es sumamente grave, y más estando frente a una triple imposición tributaria y no habiendo caminos alternativos libres de pago, lo cual hace que el peaje sea claramente inconstitucional.”