Financiamiento universitario: la Justicia multó al Gobierno con $100.000 por día por incumplir una cautelar

La Justicia federal dispuso una multa diaria de $100.000 contra la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue tomada por el juez federal Martín Cormick, quien resolvió hacer efectivo el apercibimiento luego de considerar que el Gobierno no acreditó el cumplimiento de la orden judicial que exige actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.

Qué exige la cautelar por el financiamiento universitario

La medida obliga al Ejecutivo a recomponer y actualizar los salarios de los trabajadores de las universidades públicas, además de asegurar los recursos destinados a los programas de becas.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado que se aplicaran sanciones económicas al considerar que, pese a las intimaciones previas, los pagos correspondientes todavía no habían sido acreditados.

Cormick estableció una sanción inicial de $100.000 por cada día de demora y dejó abierta la posibilidad de modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados en caso de que persista el incumplimiento.

Las multas, conocidas judicialmente como astreintes, tienen como objetivo forzar el cumplimiento de una obligación impuesta por la Justicia.

La cautelar sigue vigente

El expediente continúa en paralelo a otra discusión judicial sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe analizar una apelación presentada por el Estado contra un fallo que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025.

Sin embargo, esa revisión no suspende la cautelar vinculada con los salarios y las becas. Esa medida ya había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el pasado 25 de junio.

El juez había otorgado previamente un plazo de cinco días para cumplir con lo dispuesto, que venció el 22 de septiembre, y posteriormente concedió una nueva prórroga. Una vez agotados esos períodos, el CIN pidió que se avanzara con las sanciones.

Cuánto deberían aumentar los salarios universitarios

La disputa se concentra principalmente en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, la recomposición destinada a compensar la inflación registrada entre enero de 2023 y julio de 2025 representaría un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

La normativa también establece que las remuneraciones deben actualizarse mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Gobierno había asegurado ante la Justicia que estaba cumpliendo con las disposiciones y presentó documentación sobre aumentos salariales y negociaciones con los gremios. Sin embargo, el magistrado entendió que no se logró demostrar el cumplimiento integral de las obligaciones establecidas.