El Gobierno lanzó la licitación para privatizar AySA y avanzar con la venta del servicio de agua y saneamiento

El gobierno de Javier Milei puso en marcha el proceso para privatizar AySA, la empresa encargada del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida forma parte del plan oficial de reforma y reducción del Estado impulsado por la Casa Rosada.

Por Matías Paredes

La decisión fue oficializada a través de una resolución publicada por el Ministerio de Economía y contempla la apertura de una licitación nacional e internacional para incorporar capitales privados en la operación de la compañía.

Según informó el Gobierno, el esquema prevée, la concesión del servicio, la venta parcial o total del paquete accionario y la incorporación de operadores privados para la administración del sistema de agua y saneamiento.

Fuentes oficiales señalaron que el objetivo es “modernizar la empresa, mejorar la eficiencia y reducir el peso del déficit sobre las cuentas públicas”. El Ejecutivo sostiene que AySA requiere inversiones millonarias para mantener y ampliar la red de infraestructura y que el Estado “no está en condiciones de seguir financiando el esquema actual”.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que AySA recibió fuertes subsidios estatales durante los últimos años y señalaron que la empresa acumuló desequilibrios financieros significativos.

En ese marco, el Gobierno considera que la participación privada permitirá, reducir gastos públicos, atraer inversiones y mejorar la prestación del servicio. La privatización de AySA aparece además alineada con el plan económico del oficialismo, que busca avanzar con la desregulación, apertura de mercados y venta de empresas públicas.

La decisión generó críticas de sindicatos y sectores opositores, que advirtieron sobre la posibles aumentos tarifarios, reducción de personal y pérdida de control estatal sobre un servicio considerado esencial.

Trabajadores de AySA anticiparon medidas de protesta y denunciaron que la privatización podría afectar obras de expansión en barrios populares y zonas vulnerables del conurbano bonaerense. También cuestionaron la posibilidad de que el acceso al agua quede condicionado por criterios de rentabilidad empresarial.

La discusión sobre la privatización de AySA reaviva el recuerdo de la concesión de agua y saneamiento durante la década de 1990, cuando el servicio estuvo en manos privadas bajo la empresa Aguas Argentinas. Ese modelo fue rescindido en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner tras denuncias por incumplimientos contractuales y problemas en la calidad del servicio.

Ahora, el gobierno de Milei busca impulsar un nuevo esquema de participación privada argumentando que la situación económica actual obliga a reducir la intervención estatal. La apertura de la licitación para AySA representa uno de los movimientos más importantes del proceso de privatizaciones impulsado por el oficialismo desde la aprobación de la Ley Bases.

En las próximas semanas se conocerán las condiciones definitivas de la licitación, los plazos del proceso y las empresas interesadas en participar. El anuncio ya abrió un nuevo frente político y sindical alrededor del futuro de uno de los servicios públicos más sensibles del país.