El Gobierno habilitó deuda por hasta US$ 5.000 millones con jurisdicción en Nueva York

El Gobierno nacional autorizó la toma de préstamos internacionales por hasta US$ 5.000 millones, con garantía parcial de organismos multilaterales de crédito y la posibilidad de prorrogar la jurisdicción a tribunales de Nueva York ante eventuales controversias legales. La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. 

Por Valentina Roncallo Orsolini.

La decisión se conoce luego del respaldo anunciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que aprobaron garantías por un total de US$ 2.550 millones. Ese apoyo aparece como una herramienta clave para afrontar los próximos compromisos financieros del país, en un año marcado por fuertes vencimientos en moneda extranjera. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, para lo que restaba de 2026 Argentina debía enfrentar vencimientos por US$ 12.407 millones, de los cuales US$ 4.700 millones correspondían a junio.

La cualidad para incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York define que de surgir conflictos legales vinculados con los acuerdos de préstamo, esos reclamos podrían tramitarse en esa jurisdicción extranjera. Además, el decreto también permite renunciar a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción. Sin embargo, también establece límites expresos sobre una serie de bienes estratégicos que no podran embargarse.

Entre los bienes protegidos se encuentran las reservas, cuentas y bienes del Banco Central; los bienes del dominio público del Estado argentino; aquellos destinados a servicios públicos esenciales o declarados de utilidad pública; fondos vinculados a la ejecución del presupuesto nacional; sedes diplomáticas y consulares; bienes utilizados por representaciones gubernamentales; impuestos, regalías y derechos del Estado a percibirlos; bienes militares o bajo control de organismos de defensa y seguridad; patrimonio cultural; y todos aquellos bienes declarados inembargables o intransferibles sin autorización del Congreso.

La norma no solo habilita el endeudamiento, sino que también faculta al órgano responsable de la administración financiera del Estado a definir las condiciones concretas de los préstamos. Esto incluye plazos, monedas, modalidades, entidades financieras participantes, agentes fiscales, agentes de pago, custodios, calificadoras de riesgo, comisiones, honorarios y otros gastos asociados a la operación.

Desde el plano político, el Gobierno sostiene que el equilibrio fiscal es una señal de fortaleza económica y ordenamiento de las cuentas públicas. Sin embargo, la necesidad de habilitar financiamiento externo por hasta US$ 5.000 millones muestra que el superávit no está logrando eliminar la dependencia de divisas extranjeras para afrontar vencimientos y sostener el programa financiero.