El caso ARSAT golpea el discurso anticorrupción del Gobierno

El robo de equipamiento de ARSAT (empresa estatal de telecomunicaciones de Argentina) en uno de los depósitos recientemente contratados de ARGENTINA LOGISTIC SERVICES S.A. en San Fernando, levanta sospechas de presuntas irregularidades dentro del organismo. Las investigaciones involucran a Facundo Leal, ex-presidente de ARSAT y posteriormente designado por el gobierno de Milei para la conducción del ORSNA, por encontrar más de US$2,3 millones, drogas y equipos de espionaje en su propiedad durante un allanamiento.

Por Valentina Roncallo Orsolini.

La causa comenzó por un robo de equipamiento de ARSAT en un depósito de San Fernando, provincia de Buenos Aires, operado por la firma ALS. El mismo, se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el predio ubicado en Ex Combatiente Sánchez 1982, y se estima una pérdida de US$151.000 en bienes robados o dañados según reconstrucciones periodísticas.

La investigación a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez, rápidamente se reorientó a revisar cómo ARSAT contrató a ALS, si el contrato fue direccionado, si hubo sobreprecios y si funcionarios cobraron coimas a cambio de favorecer a esa empresa. El origen de las sospechas se encuentra en un supuesto sabotaje de seguridad interno y un proceso licitatorio direccionado que se interpretó como una simulación de competencia entre las empresas.

Al revisar el predio de San Fernando, se comprobó que el cerco eléctrico había sido cortado de forma precisa y que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar exactamente en el momento del robo. Esto evidenció complicidad interna o acceso a los sistemas de control que rápidamente impulsó la investigación hacia el allanamiento a las propiedades de Facundo Leal. 

Lo que encontraron en una de sus propiedades en Palermo y en otra de Mendoza fueron más de US$2,3 millones, drogas y equipos de espionaje. Esto impulsó su detención a fines de mayo de 2026 y la apertura de una nueva causa en junio de 2026 por una denuncia penal en Comodoro Py que apunta a supuestas maniobras de corrupción y el manejo irregular de las certificaciones de fondos para obras aeroportuarias dentro del ORSNA. 

En la actualidad la investigación judicial se encuentra en una etapa frenética de apertura de pruebas y peritajes. Sin embargo, Facundo Leal se negó a entregar las claves de acceso de sus dispositivos electrónicos representando un obstáculo para la misma. En este contexto, el Gobierno suma una causa más que debilita su discurso anti-corrupción por promocionar a un funcionario público que terminó incriminado en dos causas por corrupción.