Condena de 4 años de prisión para Eduardo Bolsonaro por hacer Lobby con Estados Unidos

Además de la pena de prisión, el exdiputado fue condenado a ocho años de inhabilitación y a la pérdida de su cargo como secretario de la Policía Federal.

Por Iñaki Darraidou Sustas

El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil condenó al exdiputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia sostiene que el dirigente realizó gestiones ante dirigentes y autoridades estadounidenses para desacreditar y obstaculizar las investigaciones judiciales contra su padre el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente procesado por su presunta participación en los intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2022. La decisión representa un nuevo capítulo en la prolongada disputa entre el bolsonarismo y el máximo tribunal brasileño, una confrontación que se intensificó tras la derrota electoral de Jair Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva y alcanzó su punto más crítico con los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando miles de manifestantes asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Según el fallo, Eduardo Bolsonaro habría intentado movilizar apoyos políticos en Estados Unidos para cuestionar la legitimidad de las investigaciones impulsadas por el STF y presionar contra los magistrados involucrados en las causas que afectan a su padre. Los jueces consideraron que esas acciones constituyeron una interferencia indebida en el funcionamiento de las instituciones brasileñas y una maniobra destinada a entorpecer el proceso judicial.

Actualmente, Eduardo Bolsonaro reside en Texas, desde donde mantiene una intensa actividad política y mediática. Tras conocerse la sentencia, denunció ser víctima de una persecución política y aseguró que el objetivo del Supremo es «silenciar a la oposición conservadora». En declaraciones difundidas por redes sociales, sostuvo que continuará denunciando lo que considera una deriva autoritaria del sistema político brasileño. La condena se produce en un momento especialmente delicado para el bolsonarismo. Jair Bolsonaro ya se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 y enfrenta varias causas judiciales relacionadas con la organización de una trama para impedir la asunción de Lula. Al mismo tiempo, distintos dirigentes de su entorno político y militar han sido investigados o condenados por hechos vinculados a la crisis institucional posterior a las elecciones.

Para el gobierno de Lula y los sectores que respaldan la actuación del Supremo, la sentencia constituye una muestra de fortaleza institucional frente a los intentos de deslegitimar el orden democrático. Sin embargo, para amplios sectores de la derecha brasileña, las decisiones judiciales contra Bolsonaro y sus aliados alimentan la percepción de una creciente judicialización de la política y fortalecen el discurso de persecución que el expresidente mantiene desde su salida del poder.