Violencia sin freno: hallan 17 cadáveres en una fosa en Guerrero

El descubrimiento se produjo durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas. La región se encuentra entre las más afectadas por la violencia del narcotráfico.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero encontraron los cuerpos de 17 personas enterradas en una fosa clandestina en una zona rural del municipio de Coyuca de Catalán, al suroeste de México. El hallazgo fue confirmado este domingo, tras una operación de rastrillaje iniciada la semana pasada.

Las tareas de búsqueda comenzaron el 21 de mayo en respuesta a una denuncia anónima que advertía sobre la existencia de un posible sitio de entierro ilegal en las inmediaciones de la comunidad de El Durazno, una región montañosa y de difícil acceso. Se trata de un área fuertemente impactada por la actividad de grupos armados vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

La fiscalía estatal informó que, tras varios días de trabajo en el terreno con perros rastreadores y herramientas de excavación, los agentes localizaron una fosa común con al menos 17 cuerpos humanos. Entre las víctimas hay 11 hombres, dos mujeres y cuatro personas cuyo sexo no se logró determinar.

Cinco de los cadáveres ya fueron identificados por sus familiares. Todos figuraban en la base de datos oficial de personas desaparecidas. En el lugar también se incautaron dos armas de fuego, municiones, ropa, calzado, documentos personales y varios teléfonos móviles en desuso.

Guerrero es uno de los estados más violentos de México. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de homicidios en la región se mantiene entre las más altas del país. Las zonas rurales, en particular, han sido escenario de enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control territorial para el tráfico de drogas, extorsiones y otras actividades ilegales.

El Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Guerrero estima que, desde 2015, más de 3.200 personas fueron reportadas como desaparecidas en el estado. En los últimos dos años se intensificaron los operativos de rastreo y exhumación en distintas comunidades, con resultados que revelan la magnitud de la crisis humanitaria.

La fiscalía trabaja ahora en la identificación de los responsables del enterramiento ilegal y en la ampliación de las tareas de búsqueda en las zonas aledañas. Las autoridades no descartan que haya más fosas en los alrededores.

El caso ya fue elevado a la Fiscalía General de la República para evaluar su vinculación con otras investigaciones en curso. Mientras tanto, los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles que acompañan los procesos de búsqueda exigieron mayor celeridad en las pericias y garantías de seguridad para continuar con las búsquedas en el terreno.