Violencia de género y política: el concejal de San Vicente que violó la perimetral y sigue en funciones

Nacho Contreras, edil de La Libertad Avanza, está procesado por violencia de género, usa tobillera electrónica y fue denunciado por incumplir una orden judicial. Su ex pareja fue considerada víctima de alto riesgo.

El caso de Ignacio “Nacho” Contreras, concejal de La Libertad Avanza en San Vicente, volvió a encender una fuerte alarma social y política. El funcionario se encuentra procesado por violencia de género, porta tobillera electrónica y, según consta en la causa judicial, violó una restricción perimetral impuesta para proteger a su ex pareja, Agustina Jiménez, quien fue calificada como víctima de alto riesgo.

La mujer cuenta actualmente con dos botones antipánico, una medida excepcional que refleja la gravedad del cuadro evaluado por la Justicia. Aun así, Contreras continúa ejerciendo funciones públicas, lo que reaviva el debate sobre los límites éticos y políticos de la representación institucional.

El expediente judicial incluye antecedentes que motivaron medidas cautelares estrictas, como la prohibición de acercamiento y el monitoreo permanente del acusado. Sin embargo, el incumplimiento de la perimetral y la continuidad del edil en su cargo dejan expuestas fallas en los mecanismos de control y sanción, tanto del sistema judicial como del político.

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Organizaciones de mujeres y especialistas en violencia de género advierten que la permanencia de funcionarios denunciados por este tipo de delitos envía un mensaje de impunidad y desalienta a otras víctimas a denunciar. “No se trata de una condena anticipada, sino de responsabilidad institucional y prevención”, señalan.

El caso de San Vicente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero urgente:
¿Puede una persona con antecedentes de violencia de género y medidas judiciales vigentes seguir representando al Estado?

Mientras la causa avanza, la situación expone una deuda pendiente de la política argentina: garantizar que el ejercicio de la función pública sea compatible con el respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente cuando hay mujeres en riesgo.